La Defensoría del Pueblo alertó de las consecuencias humanitarias del cierre del tapón del Darién

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la decisión del Gobierno panameño de cerrar tres de los cruces en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, afecta los derechos de las personas que se encuentran en movilidad. En uno de los puntos se instaló una cerca con alambre de púas de casi 80 metros de longitud, esto con el fin de impedir el paso de los migrantes.

“Luego de que el Gobierno de Panamá anunciara el cierre de pasos fronterizos en El Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país centroamericano, la Defensoría del Pueblo, como responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, exhorta al Gobierno nacional a solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional”, aseguró la entidad.

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La mayoría de las personas que cruzan la selva son colombianos, venezolanos, ecuatorianos y chinos. Además, la Defensoría indicó que en lo corrido del año, 197.000 personas han atravesado El Darién, solo en el mes de junio se registró el paso de más de 27.500 migrantes, de los cuales 5.600 son niños.

“Cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe”, concluyó la Defensoría.

El miércoles 3 de julio de 2024, Panamá anunció el cierre de por lo menos tres pasos que utilizan frecuentemente los migrantes para cruzar el Darién. Según las autoridades panameñas, esta decisión tiene como objetivo “canalizar” el flujo de migrantes, así como ejercer un mayor control sobre esta ruta.

Según un comunicado emitido por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, al que tuvo acceso la Agencia EFE, se tomaron medidas para el control de la migración irregular masiva que enfrenta el país. “Con el anterior control se disponían de fuerzas de seguridad en múltiples puntos lo que dispersaba la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, de cobros ilícitos y otros delitos conexos a esta población vulnerable”, explicó la entidad.

El Gobierno de los Estados Unidos hizo un acuerdo histórico con Panamá, con una asignación inicial de seis millones de dólares, para enfrentar la crisis migratoria en la región. La iniciativa entre ambos países pretende gestionar el flujo migratorio de manera más efectiva y proteger a los migrantes vulnerables de la explotación por parte del crimen organizado transnacional, pues este territorio, que abarca más de 100 kilómetros, es utilizado de igual manera por narcotraficantes.

El país norteamericano financiará los costos asociados con los vuelos de repatriación y proporcionará entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas. Luis Miranda, del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., manifestó que la iniciativa incluirá medidas que garantizarán que las deportaciones se hagan de manera humanitaria.

Por otro lado, Marcela Escobari, asistente para América Latina y el Caribe del Gobierno de Estados Unidos, recalcó que dicho acuerdo tiene como objetivo enviar un mensaje claro a los migrantes sobre la importancia de utilizar vías legales y seguras para migrar.