Diligencia de Sneyder Pinilla en la Corte Suprema fue aplazada: el exfuncionario de la Ungrd debe aclarar su situación con la Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia decidió aplazar la diligencia programada para el 5 de julio con el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla. La razón de este aplazamiento es permitir que Pinilla finalice sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación.

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El responsable de escuchar a Pinilla es el magistrado Francisco Farfán, que tiene a su cargo esta diligencia. De hecho, hace un mes exacto, Pinilla visitó la sala de instrucción del alto tribunal para testificar en el proceso contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, relacionado con presuntas irregularidades en la Ungrd y el escándalo de los carrotanques en La Guajira.

En la sesión anterior, Pinilla optó por guardar silencio debido al principio de oportunidad que está negociando con la Fiscalía. Este principio implica que el testigo puede recibir algún beneficio judicial si su testimonio es de utilidad para las investigaciones en curso.

La Corte Suprema de Justicia prefiere reprogramar la diligencia hasta que Pinilla haya concluido sus declaraciones en la Fiscalía y su situación en el ente investigador esté completamente resuelta. Esta decisión se toma para evitar cualquier interferencia en las investigaciones y asegurar que Pinilla pueda proporcionar un testimonio completo y preciso.

El caso en el que Pinilla fue llamado como testigo se centra en graves acusaciones de corrupción y mal manejo de recursos dentro de la Ungrd. Específicamente, las irregularidades señaladas incluyen la gestión de carrotanques en La Guajira.

Hasta el momento, no hay una nueva fecha definida para la reanudación de la comparecencia de Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se espera que cualquier avance significativo en sus declaraciones ante la Fiscalía tenga un impacto directo en el curso del proceso judicial al que está vinculado como testigo.

La Ungrd se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno actual, tras las revelaciones sobre el desvío de fondos destinados a la adquisición de carrotanques de agua potable. La controversia señala a figuras políticas de alto perfil y ha generado una amplia expectación en el país.

Sneyder Pinilla, que se desempeñaba como subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, fue quien encendió la mecha al revelar en una entrevista que bajo las órdenes del exdirector de la entidad, Olmedo López, entregó 4.000 millones de pesos a los presidentes del Congreso. “De esta suma, 3.000 millones fueron para Iván Name, presidente del Senado, y 1.000 millones para Andrés Calle, cabeza de la Cámara,” afirmó Pinilla.

El contrato en cuestión, valorado en 7.000 millones de pesos (algunas fuentes sugieren que podrían ser 7.700 millones), fue destinado inicialmente a la compra de carrotanques para suministrar agua potable a los municipios de La Guajira. No obstante, estos vehículos quedaron inoperativos y no cumplieron la función para la cual fueron adquiridos, desatando las sospechas de corrupción.

El proceso legal avanzó rápidamente con la revelación de Pinilla, provocando una inmediata respuesta por parte de las autoridades. La Fiscalía tomó medidas de seguridad para proteger a Pinilla mientras este ampliaba sus declaraciones sobre la corrupción dentro de la Ungrd.

Entre los actores clave de este escándalo se encuentran Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, ambos acusados de haber recibido los fondos ilícitos. “Recibió una parte de los fondos ilícitos,” señaló Pinilla respecto a Name. Además, el escándalo relaciona a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y según Olmedo López, también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

El nuevo director de la Ungrd, Carlos Carrillo, también ha levantado la voz denunciando otras irregularidades en contrataciones anteriores, complicando aún más la situación de la entidad encargada de gestionar los riesgos y desastres en el país. Las revelaciones de Carrillo son una pieza adicional en el rompecabezas de irregularidades que se extiende más allá del escándalo de los carrotanques.

El impacto del escándalo se siente en todos los niveles, desde los municipios afectados hasta las altas esferas del poder legislativo.

Las investigaciones en curso continuarán revelando más detalles sobre cómo se llevó a cabo esta operación. “Seguiremos profundizando en las actuaciones de todos los implicados,” declaró un representante del Ministerio Público. Paralelamente, la sociedad civil mantiene un ojo vigilante sobre los desarrollos del caso, demandando transparencia y justicia efectiva.