Defensoría del Pueblo reveló que cada dos días y medio se bloquea una vía en el país: este es el panorama

Una de las estrategias frecuentemente utilizada en el país para expresar inconformismo, generalmente, contra el gobierno de turno, es a través de bloqueos en las principales vías del país o, incluso, medidas más drásticas como los llamados “paros”, en los que suspenden toda actividad colectiva para generar un mayor impacto.

En ese sentido, el sector de transporte, específicamente de camioneros, levantaron el paro que venían adelantando desde hace más de 65 horas, en el que manifestaban su desacuerdo por el precio del Aceite Combustible Para Motores (ACPM), la inseguridad, obras inconclusas y el exceso de cobros en peajes, que terminan afectándolos directamente.

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El bloqueo se llevaba a cabo en la vía Panamericana, a la altura del puente Rumichaca-Pasto, que conecta al departamento de Nariño con Ecuador. La decisión se tomó luego de un “diálogo fructífero” con el Gobierno nacional. “Aquí no hay vencidos ni vencedores, simplemente prima el diálogo, la buena voluntad por el bien del país”, afirmó Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte.

A propósito de estos casos que afectan notablemente la economía y la seguridad alimentaria en el país, la Defensoría del Pueblo reveló el reporte Conflictos y desafíos del transporte terrestre en Colombia, citado por El Tiempo, que evidencia que entre 2022, 2023, hasta abril de 2024, se han registrado 665 conflictos sociales que se relacionan con el sector del transporte. Estos casos se dividen en cierres, bloqueos, concentraciones y marchas, siendo Antioquia la región con mayor número de eventos, con 69 episodios.

A Antioquia le sigue Bogotá, con 64 eventos; Santander, con 54; Bolívar, con 48; Atlántico, con 39; Cundinamarca, con 38; y Valle del Cauca, con 34; que completan un total de 227 municipios en 28 departamentos.

En el análisis, la Defensoría identificó serias dificultades en el ámbito del transporte nacional, atribuyéndolas a políticas nacionales ineficaces y falta de regulación adecuada. Según la entidad, una proporción significativa de los 665 conflictos registrados en el sector se relaciona con interrupciones en las vías, específicamente bloqueos y cierres de carreteras, que constituyen el 54% de los casos.

Estos bloqueos de vías, que ascienden a 359 eventos documentados, ocurren en promedio cada dos días y medio desde 2022. Las concentraciones ciudadanas representan el 20% de los conflictos, mientras que el 13% se debe a marchas, de acuerdo con el informe divulgado por la Defensoría. La institución también destacó que aunque se han adoptado medidas para abordar las quejas de los transportadores, estas no han sido suficientes debido a los constantes cambios en los procesos administrativos y la falta de comunicación efectiva entre los diferentes actores.

El informe apuntó que las políticas de seguridad vial vigentes imponen obligaciones a los conductores y transportadores con el fin de reducir accidentes, pero pasan por alto problemas cruciales como la deficiencia en la infraestructura, insuficiencia de seguros y la actividad delictiva que afecta tanto al transporte de carga como al de pasajeros. Además, enfatiza que, aunque la Ley 136 de 1994 asigna ciertas responsabilidades a los municipios, la formulación, implementación y evaluación de las políticas de transporte recaen principalmente en el gobierno nacional.

De otro lado, de acuerdo con lo que afirmó Lucía Pozo, gobernadora de la provincia de Carchí (Ecuador), el paro camionero de casi tres días afectó de manera significativa esa región del país vecino. “Estamos enfrentando la paralización del transporte pesado en la frontera por los camioneros de Colombia, hemos tratado de llegar a un acuerdo para habilitar un corredor humanitario con nuestra carga pues está sujeta a descomposición, como banano, cebolla, camarón”, fueron las palabras de la mandataria regional a W Radio, horas antes de que se anunciará el restablecimiento de la movilidad tras llegar a un acuerdo entre el gremio camionero y el Gobierno de Colombia.

En sus declaraciones, Pozo agregó que las pérdidas económicas y alimentarias son millonarias: “El tránsito por Ipiales se está dando con normalidad, pero en cuando al transporte pesado está siendo imposible, tenemos unos 80 vehículos retenidos, tenemos perdidas de casi 200.000 dólares diarios”, puntualizó al mencionado medio.