Suspenden proyecto de $407.000 millones que buscaba dotar de internet a 3 mil escuelas en todo el país: Procuraduría aseguró que hay irregularidades en los pliegos

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidió aplazar la adjudicación de una licitación de conectividad valuada en 407.844 millones de pesos luego de una alerta emitida por la Procuraduría General.

La decisión, inicialmente por diez días, fue influenciada por una carta del procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública Marcio Melgosa Torrado, que se radicó en la plataforma pública del Secop el 28 de junio.

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Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, señaló que el aplazamiento busca organizar mesas técnicas con la Procuraduría para aclarar los términos de una adenda incluida en el proceso.

El proyecto afectado es Escuelas Potencia Digital, que tiene como objetivo prestar servicios de internet en 3.082 escuelas distribuidas por todo el país. Según lo informado por El Tiempo, Lizcano aseguró que “Decidí aplazar la adjudicación, inicialmente por 10 días”. Además, se buscarán opiniones técnicas de la Universidad Nacional, una asociación de ingenieros y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para demostrar la transparencia del proceso.

La licitación contaba con varios proponentes, incluyendo la Unión Temporal Escuelas Potencia Digital SP 2024, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, Energetic 2024, Comcel S.A., UT Wifi Potencia Escolar 2024, NSS, Inred, UT Comgsp Infotic Vision, Sencinet Latam Colombia S.A., CiberC, UTNEC Conectando Escuelas Potencia para la Vida, AXESS y Sisteco SAS.

El proyecto Escuelas Potencia Digital implica la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para servicios de internet en dichas instituciones educativas.

Lizcano resaltó que “todo estaba listo para que la adjudicación fuera el viernes, 5 de julio, a las 8 de la mañana”, además de destacar que el contrato se adjudicaría a un “precio mucho menor del cotizado en el polémico contrato con Centro Poblados, con una velocidad ocho veces mayor”.

La decisión de aplazamiento, aunque temporal, ha generado incertidumbre entre las empresas proponentes y otros observadores del proceso. Para algunos actores del sector, el involucramiento de la Procuraduría en estos procesos decisivos es un reflejo de la vigilancia preventiva sobre las funciones públicas.

Melgosa Torrado, el procurador firmante de la carta, enfatizó en la necesidad de esta acción para evaluar con mayor profundidad las implicaciones técnicas y legales del proyecto.

Como medida adicional para fortalecer la confianza en la licitación, mencionaron estar dispuestos a reunir conceptos adicionales y llevar a cabo los análisis requeridos para despejar cualquier duda. El nuevo plan es revisar minuciosamente todos los componentes de la adenda cuestionada, para lo cual se realizarán mesas técnicas entre el Ministerio de las TIC y la Procuraduría.

El procurador Melgosa señaló que el pliego licitatorio solo puede ser modificado en casos específicos y durante un periodo determinado, conforme al Estatuto General de la Contratación Pública. Sin embargo, se identificaron cambios significativos en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de Internet en entidades educativas, lo cual podría implicar una vulneración de los derechos de los participantes y una modificación no permitida del pliego.

El 30 de mayo de 2024, mediante respuesta a observaciones presentadas fuera del plazo establecido sobre el pliego de condiciones definitivo, la entidad contratante hizo una aclaración respecto a un componente técnico clave: “Punto de Acceso Inalámbrico Wifi Exterior”. La entidad indicó que “el número de dispositivos concurrentes será mínimo 300 con posibilidad de crecimiento hasta 700 dispositivos”. Este cambio fue incorporado en el anexo técnico del pliego bajo las características mínimas del AP Exterior.

La Procuraduría destacó que “el ejecutor deberá entregar a la interventoría las fichas técnicas de los AP y con ello demostrar que cada AP soporta una concurrencia mínima de 300 dispositivos con capacidad de crecimiento hasta 700 dispositivos, por banda de frecuencia, es decir para la banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Lo anterior, no hace alusión a la concurrencia de usuarios en el servicio, sino a la especificación técnica del AP. Entiéndase, que el crecimiento es por AP y va desde 300 dispositivos con capacidad de crecimiento hasta 700 dispositivos.”

Esta adenda generó preocupación en el ente de control ya que, de acuerdo con la Procuraduría, “se genera un cambio significativo en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de Internet en las entidades educativas”. Esta modificación podría dar pie a una nueva interpretación del pliego general, contraviniendo lo especificado originalmente y complicando la competencia al limitar las alternativas de mercado disponibles para los posibles fabricantes de AP.

El Ministerio Público concluyó que tal acción resulta “contradictoria con lo establecido en el anexo técnico del pliego de condiciones y con las múltiples respuestas previas publicadas por la entidad”, tanto por observaciones oportunas como extemporáneas presentadas por los interesados. La invitación original al acto administrativo explicaba claramente los requisitos, y esta adición podría alterar el balance de la competencia.

La Procuraduría subrayó la necesidad de adherirse estrictamente al Estatuto General de la Contratación Pública, asegurando que cualquier modificación del pliego se realice de manera transparente y en los tiempos debidamente establecidos.

El ministro Mauricio Lizcano, declaró en El Tiempo que el Gobierno está dispuesto a acatar las observaciones de la Procuraduría sobre el proceso de licitación de internet en entidades educativas, siempre y cuando dichas observaciones estén respaldadas legalmente.

En un esfuerzo por clarificar el procedimiento, Lizcano solicitó la convocatoria de mesas técnicas, programadas para iniciar el 4 de julio a las 6 de la tarde con el objetivo de analizar los aspectos técnicos del proceso. Además de los asesores del Ministerio TIC, la oficina jurídica de la Presidencia ha revisado la información, y la Agencia de Defensa Jurídica ha sido consultada para evaluar los riesgos legales, tanto de seguir adelante con la adjudicación como de una posible revocatoria del acto administrativo que abrió la licitación.

Según el Ministerio, la transcripción de las condiciones publicadas el 2 de mayo en el Pliego de Condiciones Definitivo no modifica los requisitos mínimos de los equipos necesarios para la prestación del servicio de internet. “Mediante dicho alcance no se cambiaron los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de internet en las entidades educativas y, por tanto, tampoco hubo modificación del Pliego de Condiciones de la Licitación”, afirmó el portavoz del ministerio.

Para el Gobierno, la respuesta del 30 de mayo no constituye una modificación del pliego, ya que ni el texto ni la intención técnica original se alteraron. Aparte, se reiteró que no se exige un equipo con capacidad para crecer hasta 1.400 usuarios. Además, el Ministerio ha asegurado que ni la adenda 1 ni la adenda 2 de la licitación realizaron cambios en cuanto a la concurrencia de dispositivos por punto de acceso.

Lizcano remarcó que aunque se acatarán los conceptos de la Procuraduría, el Gobierno tiene claro que el alcance publicado únicamente transcribe las condiciones definidas previamente y no introduce nuevas condiciones.

Para el ministro, la claridad en los términos contractuales de la licitación es fundamental. Por ello, hizo hincapié en que el pliego de condiciones y su anexo técnico establecen claramente los requerimientos que deben cumplir los equipos para proporcionar el servicio de internet en las entidades educativas.