El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) reveló un preocupante panorama en materia de violencia en Colombia. En su más reciente infome sobre la situación humanitaria del país, la institución encontró que, en los primeros cinco meses de 2024, las consecuencias de los ocho conflictos armados se intensificaron de forma considerable.
Lo anterior, señaló el Cicr, se da como resultado del recrudecimiento de las acciones armadas en algunas zonas del país y de la disputa territorial entre actores armados no estatales.
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El informe evidenció que se ha incrementado la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos como el caso de las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos lanzados y los de detonación controlada, situación que ha tenido efectos devastadores sobre la población civil tanto en zonas rurales como urbanas.
Comunidades enteras han tenido que confinarse o desplazarse por la amenaza latente de estos artefactos. En este escenario resulta difícil establecer cuántas personas han perdido sus medios de subsistencia o el acceso a bienes y servicios esenciales por no poder transitar libremente por su territorio, o cuántos niños y niñas han dejado de ir a la escuela porque cerca de ella había un enfrentamiento armado o un artefacto explosivo.
El número de víctimas directas también revela la gravedad del fenómeno. Entre enero y mayo de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró 194 víctimas de distintos tipos de artefactos explosivos, lo que representa un incremento del 35% respecto al mismo periodo del 2023.
Confinamientos y desplazamientos también aumentaron
El Cicr también reveló que los confinamientos y los desplazamientos de comunidades se han intensificado. Según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2024, 31.832 personas se han confinado, lo que supone un aumento del 101% en comparación con los mismos meses de 2023.
A nivel territorial destaca la situación de Chocó, si bien este departamento ha ocupado en los últimos años el primer lugar de afectación, en 2024 ha tenido un notorio deterioro, al pasar de cinco eventos de confinamiento registrados en los primeros cinco meses del año pasado a 13 eventos en lo trascurrido del año.
En cuanto al desplazamiento masivo, 26.753 personas se han sido afectadas en lo que va de 2024, lo que representa un aumento del 49% con relación al mismo periodo del año anterior. Desde la perspectiva territorial, Nariño sigue siendo el departamento más afectado.
Por otro lado, entre enero y mayo, 24.437 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento individual. El estudio de datos hecho por la Cicr muestra que Buenaventura sigue siendo la principal ciudad expulsora con 2.645 personas desplazadas, mientras que Bogotá es la principal ciudad receptora de población desplazada de manera individual.
De acuerdo con el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, el desplazamiento y confinamiento tienen un mayor impacto en las poblaciones étnicas, pues más del 60% de las personas afectadas pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Persiste el fenómeno de la desaparición forzada
Entre enero y mayo de 2024 se registraron 78 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia ocurrida en ese periodo. Los hechos se reportaron en nueve departamentos, registrándose el 65% de ellos en Arauca y Cauca.
Así mismo, en 2024 ha continuado la violencia contra la asistencia de salud. En los primeros cinco meses del año, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 116 actos violentos en 18 departamentos del país. De estos eventos, 73 ocurrieron en el marco de los conflictos armados, siendo Cauca el departamento más afectado por esta situación, pues allí se registró el 41% de los casos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja mostró preocupación por los casos de incumplimiento de las partes en conflicto respecto a la obligación de tomar medidas para proteger a la población civil.
“En múltiples ocasiones las comunidades han quedado en medio del fuego cruzado y sus espacios comunales, escuelas y viviendas han sufrido daños como consecuencia de los enfrentamientos y del uso de artefactos explosivos. Este escenario ha planteado un contexto aún más difícil para la población civil y ha aumentado considerablemente el riesgo y la presión sobre esta”, señaló el Cicr.
Por estas razones, la institución humanitaria ordenó a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección que confieren estas normas a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.