Por gastarse $21.200 millones en un laboratorio covid que nunca se construyó, exgobernador de Caquetá bajo la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra Arnulfo Gasca Trujillo, exgobernador de Caquetá durante el periodo 2020-2023, por presuntas irregularidades en el proyecto Laboratorio Covid del departamento, financiado con $21.200 millones provenientes del Sistema General de Regalías.

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Además del exgobernador Gasca Trujillo, también están implicados en la investigación Álex Alberto Calvache Mena, representante del consorcio encargado de la interventoría, y María Eugenia López Camacho, subgerente administrativa de la ESE Rafael Tovar, entidad responsable de contratar la interventoría.

El análisis realizado por el Ministerio Público revela que, a pesar de que el proyecto fue aprobado en mayo de 2020 con un plazo de ejecución de un año, actualmente presenta un avance físico de apenas el 55% y un avance financiero del 64%. Asimismo, se han identificado ajustes presupuestales que superan los $3.900 millones.

Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría se encuentran copias del documento técnico del proyecto de inversión, el cronograma de actividades físicas y financieras presentado y aprobado por las entidades responsables, junto con sus soportes. También se ha requerido el cuadro de precios y costos de materiales, así como una certificación de la administración departamental que constate que estos correspondían al promedio de la región.

De igual manera, se han solicitado copias de las licencias ambientales y de construcción, certificación de uso del suelo y la certificación de la cuenta maestra en la que fueron manejados los recursos del proyecto.

La Procuraduría continuará con la recolección de pruebas y el análisis detallado de los documentos para esclarecer las responsabilidades y determinar las posibles sanciones a los involucrados en esta delicada situación, que pone en entredicho la gestión de recursos destinados a la lucha contra la pandemia en el departamento de Caquetá.

El Tribunal Superior de Neiva ha condenado a 8 años y 1 mes de prisión al exalcalde de Altamira (Huila), Amín Losada Losada, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La misma pena fue impuesta a José Octavio Narváez Tovar, extesorero municipal.

La sentencia, que también incluye una multa de 124.995 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 9 años, se relaciona con irregularidades cometidas en la contratación de un evento para el Día del Niño en 2008. A pesar de haber sido absueltos en primera instancia por un juzgado del circuito de Garzón (Huila) el 27 de marzo de 2020, el fallo del Tribunal Superior de Neiva revocó esta decisión.

La investigación

El 28 de octubre de 2008, Amín Losada Losada, entonces alcalde de Altamira, autorizó al tesorero municipal, José Octavio Narváez Tovar, a destinar 3′200.000 pesos para la celebración del Día del Niño y unas vacaciones recreativas programadas para el 31 del mismo mes. La suma fue entregada a seis contratistas en diferentes partidas.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que el proceso contractual fue simulado como legal en su celebración y liquidación, vulnerando los principios de la contratación estatal. Los contratos fueron realizados de manera verbal y no por escrito, lo cual impidió establecer detalles como el lugar del evento, sus características, el objeto, la forma de pago y la manera de ejecución. Además, no se llevaron a cabo estudios previos, afectando el principio de planeación.

La investigación también descubrió que no se realizó una invitación pública, privando así a otras personas interesadas de participar en el proceso y afectando el principio de transparencia. Otra irregularidad fue la inexistencia de actas de liquidación, lo que vulneró el principio de responsabilidad al no establecerse la culminación efectiva del objeto contractual.

Con esta condena, se cierra un capítulo de irregularidades que evidenció serias fallas en la gestión y transparencia de la administración pública de Altamira, subrayando la importancia de cumplir con los requisitos legales en la contratación estatal.