Gobierno se quedó corto en el recorte del presupuesto, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: fue de solo $12 billones y debería ser de $43 billones

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un informe en el que cuestiona el recorte del Presupuesto General de la Nación (PGN) anunciado por el Gobierno Nacional.

Según el Gobierno nacional, se congelaron veinte billones de pesos; sin embargo, expertos del Observatorio afirman que el recorte efectivo asciende apenas a dcoe billones, una cifra que consideran insuficiente.

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Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal, manifestó que la reducción necesaria para cumplir con la Regla Fiscal debería haber sido de 43 billones de pesos. “Los 43 billones de reducción son necesarios para cumplir con la Regla Fiscal“, afirmó Pardo al portal Valora Analitik.

Además, destacó la urgencia de realizar más ajustes presupuestales antes de finalizar el año ya que “nos quedan pocos meses para hacer recorte de más de treinta billones y la situación es sumamente delicada” en términos de sostenibilidad fiscal.

El análisis del Observatorio revela que del total anunciado por el Ejecutivo, solo doce billones se han congelado efectivamente, mientras el presupuesto aprobado para el año 2023 es de 502,6 billones de pesos. Dentro de este presupuesto, 308,7 billones están destinados al funcionamiento del Estado, 94,5 billones al servicio de la deuda, y 99 billones a inversión.

Como resultado del recorte, el rubro de funcionamiento vio su presupuesto reducido a 295 billones de pesos, y la inversión a 92,7 billones. El observatorio remarca que el gasto de funcionamiento es el que más ha crecido en los últimos años, aumentando en 87,5 billones de pesos desde 2019 hasta 2024.

“De los casi 145 billones de aumento en el PGN, 87,5 billones corresponden a gastos de funcionamiento, de esos $72 billones son de transferencias corrientes que se distribuyen entre cinco cosas: Fepc, Sistema General de las Participaciones, salud, pensiones y otras transferencias corrientes”, detalló Pardo.

Considerando los múltiples retos fiscales, el Observatorio Fiscal sugirió algunas estrategias para reducir el gasto, incluyendo una revisión profunda de los cinco subsectores principales que son los mayores generadores de gasto corriente. Según el análisis del observatorio, la administración de estos fondos, que incluyen transferencias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y al Sistema General de Participaciones, entre otros, debe ser optimizada para lograr ahorros significativos.

Esta evaluación del Observatorio de la Universidad Javeriana acentúa la necesidad de que el Gobierno nacional implemente medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Necesitamos medidas más drásticas y a corto plazo para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar desequilibrios que puedan afectar la economía en general”, concluyó Pardo.

El Presupuesto General de la Nación en 2024 abordará diversas medidas para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), el cual ha incrementado en $18,8 billones en los últimos cinco años. El Fepc, diseñado para mantener los precios de los combustibles a niveles estables, ha sido un enfoque clave en las recientes discusiones presupuestarias.

Según declaraciones de Pardo, es esencial acelerar el desmonte de los subsidios a los combustibles; mientras ya se ha avanzado en el subsidio a la gasolina, queda pendiente el del diésel.

El impacto de estos cambios no será inmediato y se espera que los efectos en el presupuesto se reflejen en 2025. Otro recorte significativo propuesto se centra en el Sistema General de Participaciones (SGP), que ha visto un aumento de $13,7 billones en el último quinquenio. El experto destacó la necesidad de otorgar mayor autonomía a las entidades territoriales, al tiempo que se reduce la duplicidad de funciones en dichos entes, lo que permitiría al gobierno central concentrarse en programas nacionales y liberar recursos.

En el ámbito de la salud, se sugiere priorizar los tratamientos y servicios esenciales que deben ser financiados por el sistema de salud, redefiniendo así qué procedimientos médicos recibirán apoyo financiero. En cuanto a las pensiones, la recomendación es gravar a los receptores de estos ingresos para recuperar recursos que no se pueden reducir por la vía del gasto.

Además, se contemplan cláusulas de escape para ajustar el monto de las transferencias corrientes en respuesta a condiciones fiscales restrictivas. Se propone también una política de austeridad en las primas, bonificaciones y otros rubros adicionales al salario básico de los funcionarios públicos, junto con la implementación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (Oatp).

Finalmente, se señaló que la presión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) no proviene principalmente del gasto en personal, sino de las transferencias corrientes realizadas por el Gobierno Nacional Central (GNC) a entidades territoriales o a otras entidades nacionales.