El Gobierno ha disparado sus gastos un 40% en solo cinco años, aseguró estudio de la Universidad Javeriana

Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló un aumento del 40% en los gastos de funcionamiento del Gobierno colombiano durante los últimos cinco años. Este crecimiento, que representa un incremento de $87,5 billones, ha generado inquietudes respecto al futuro del presupuesto nacional.

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El Observatorio Fiscal, en su análisis, subrayó la importancia de estos gastos, ya que forman parte esencial del Presupuesto General de la Nación, destinándose al mantenimiento de la administración pública.

Este incremento plantea preguntas sobre la distribución y sostenibilidad del presupuesto, dejando claro que se requiere una investigación profunda para entender las causas detrás de este aumento.

De los 87,5 billones de aumento, 72,1 billones (82,4%) se destinaron a transferencias corrientes, mientras que 12 billones (13,71%) corresponden a gastos de personal y 3,4 billones (3,8%) se dirigieron a otras cuentas. Estas cifras son fundamentales para comprender la estructura del incremento. “El aumento desmesurado en los gastos de funcionamiento demanda una revisión exhaustiva”, subraya el informe del Observatorio Fiscal.

Las transferencias corrientes, que representan cuatro quintas partes del incremento total, se distribuyeron de la siguiente manera: 18,8 billones para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), 13,7 billones para el Sistema General de Participaciones (SGP), y 13,8 billones para el gasto en salud. Dentro del gasto en salud, 9 billones se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la Adres, y $4,8 billones a programas de prevención en salud a nivel territorial.

En relación con las prestaciones sociales asumidas por el Estado, 13 billones se dirigieron a este fin. El desglose de estas cifras muestra que 6 billones se destinaron a Colpensiones, 4 billones a las fuerzas armadas, 2 billones a los profesores, y 1 billón a otros regímenes de salud y pensión especiales. Además, señala que el resto de las transferencias corrientes aumentaron en 12,6 billones.

Entre los puntos principales está la necesidad urgente de acelerar el desmonte del subsidio a los combustibles. Esto, según el Observatorio, permitirá una redistribución más eficiente de los fondos hacia áreas más críticas del gasto público.

Una de las recomendaciones fundamentales del informe sugiere dar mayor autonomía a los gobiernos subnacionales en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). La propuesta incluye reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los entes territoriales, lo que se percibe como una forma de optimizar el uso de los recursos y evitar malgastos. Además, es esencial revisar las transferencias fuera del SGP para entidades que financian gasto social.

El Observatorio enfatiza la necesidad de redefinir los tratamientos y servicios que debe cubrir el sistema de salud, estableciendo qué procedimientos son esenciales y justifican el financiamiento a través del sistema público. Esta iniciativa busca racionalizar el uso de los recursos en el sector salud y garantizar que el gasto esté orientado a los servicios más necesarios. “Debe priorizarse qué servicios o procedimientos médicos son esenciales,” señala el informe.

Otra recomendación clave es gravar las pensiones con el objetivo de recuperar recursos que son difíciles de reducir por el lado del gasto. Esta medida, según el observatorio, permitiría disponer de fondos adicionales que podrían ser redistribuidos para cubrir otros sectores críticos del gasto social.

El informe también sugiere la implementación de cláusulas de escape, las cuales permitirían ajustar el monto de las transferencias corrientes en función de las coyunturas fiscales. Estas cláusulas actuarían como un mecanismo de flexibilidad que permitan adaptar el presupuesto a las realidades económicas del momento.

La racionalización de las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual de los funcionarios públicos es otra recomendación incluida en el informe. El Observatorio sugiere que estas medidas contribuirán a un uso más eficiente de los recursos públicos y evitarán gastos innecesarios.

Uno de los puntos destacados es la necesidad de poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP). Esta entidad se encargaría de brindar soporte técnico en la preparación y ejecución del presupuesto, con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia del gasto público.

El observatorio también propone estrechar la definición de gasto social, con el fin de que los recursos se destinen exclusivamente a las áreas más necesitadas y evitar así la dilución de fondos en conceptos que no corresponden a un gasto social esencial. “Es necesario implementar una presupuestación por programas y resultados,” resalta el documento.