Por el asesinato de siete miembros del CTI de la Fiscalía, exjefe paramilitar Calixto López González fue condenado a 40 años de cárcel

Luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que Calixto López González, alias El Cali, participó en el crimen y desaparición de siete integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en marzo de 2000, en zona rural de La Paz (Cesar), fue condenado a 40 años de prisión.

Según las pruebas presentadas, López González, junto a otros hombres armados, interceptó a los funcionarios en una finca del corregimiento Minguillo mientras cumplían una diligencia judicial, y los trasladaron contra su voluntad a un lugar despoblado donde posteriormente les dispararon y desaparecieron sus cuerpos, cuya ubicación aún se desconoce. Este crimen fue perpetrado bajo la instrucción de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, cabecillas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Como resultado, un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) condenó a López González a 40 años de prisión, declarándolo culpable de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado. El juez le impuso una multa equivalente a 16.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, un pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de indemnización a las víctimas e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 20 años.

Durante la investigación, conducida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, López González había aceptado únicamente el delito de concierto para delinquir agravado, rechazando los demás cargos. López González fue capturado el 4 de diciembre de 2019 en Valencia (Córdoba) en una operación conjunta entre el CTI y el Ejército Nacional, y desde entonces permanece en reclusión carcelaria.

El 10 de junio de 2024, la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada por una corte federal de Florida, Estados Unidos, tras ser hallada culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con una suma de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004. La polémica alrededor de la empresa tiene un nuevo capítulo, esta vez como consecuencia de unas revelaciones de Paul Wolff, uno de los abogados cuyo bufete ganó uno de los pleitos en contra de la multinacional. A través de su cuenta de Facebook, Wolff reveló que habría un entramado de sobornos a paramilitares colombianos para que testificaran en contra de la compañía.

El abogado acusa a Terrence Collingsworth de ser el autor intelectual de estas acciones: “Collingsworth es más problemático, porque fue el cerebro de la conspiración abogado-paramilitar. La organización AUC prestó a Collingsworth 1,5 millones de dólares (6 mil millones de pesos), la mitad de los cuales devolvió a Albert van Bilderbeek (condenado por lavado de dinero de los paras en la petrolera Llanos Oil) y la otra mitad se la quedó”, escribió en su red social el pasado 26 de marzo.

El anterior texto fue publicado en la cuenta de Facebook de Wolff, motivo por el cual Collingsworth solicitó a la jueza del caso ejercer control sobre el perfil del abogado en esta red social, argumentando que allí da cuenta de información confidencial.

Chiquita Brands, a través de un documento elaborado por la empresa Guidepost, de la que el columnista Yohir Akerman es miembro, se refiere a los mencionados sobornos. Así lo explicó Akerman: “Algunos abogados estadounidenses y sus agentes colombianos sobornaron, y en otros casos intentaron sobornar sin éxito, a más de 12 miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para manipular su testimonio con el fin de obtener mayores indemnizaciones, y desde luego más jugosos honorarios, implicando a esa empresa, y a otras, como supuestos colaboradores de los paramilitares”.

Esta situación ha provocado un intenso intercambio de versiones, en el que los abogados parecen dispuestos a llevar el caso a instancias superiores para demostrar sus respectivas versiones. Collingsworth ya anunció una demanda contra Wolff, a quien ha tildado de “antiético” a través de declaraciones en medios de comunicación.