Procuraduría formuló cargos a exalcalde en Sucre por irregularidades en construcción de puente por más de $2.500 millones

La Procuraduría General de la Nación imputó cargos a Víctor Miguel Ricardo Vega, exalcalde de Caimito, Sucre, por presuntas faltas vinculadas a un contrato destinado a obras adicionales para el puente militar en La Solera, con un valor que supera los $2.500 millones. Además, la indagación incluye a Kevin Ricardo Caly, que ocupaba el cargo de secretario de Planeación en ese municipio, por su posible rol en las irregularidades relacionadas con dicho contrato.

El controvertido acuerdo se firmó después de declararse la situación de calamidad pública, debido al peligro que representaba Hidroituango.

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El contrato fue firmado tras la declaración de calamidad pública debido a la amenaza que representaba Hidroituango, en respuesta a la emergencia causada por la prolongada sequía y el verano, lo que requería mejoras en las comunicaciones terrestres y la conservación de pozos de agua potable en la región.

Las pruebas recopiladas revelan que tanto el contrato como su supervisión fueron suspendidos el 3 de junio de 2019, con un avance reportado del 18 %, a pesar de que el proyecto debería haber sido completado para esa fecha, según lo estipulado en el acuerdo original.

Además, la Procuraduría identificó que, a pesar del limitado avance en la ejecución de los contratos de obra e interventoría, la totalidad de los recursos anticipados fueron agotados, sin que se observe una correspondencia clara entre el dinero gastado y las obras realizadas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo informó que el proyecto bilateral no se concluyó. Además, tanto el exalcalde como su secretario de Planeación, quienes supervisaban la obra, aparentemente no tomaron las medidas necesarias para recuperar los fondos públicos anticipados ni reactivar la construcción de la obra.

De igual manera, el Ministerio Público dijo sobre este caso lo siguiente: “Las conductas atribuidas provisionalmente a los dos investigados fueron calificadas provisionalmente como faltas gravísimas a título de culpa grave”.

Y es que, el exalcalde de Caimito, Sucre, Víctor Miguel Ricardo Vega, fue encarcelado en el año 2022 tras gobernar entre 2016 y 2019. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de cometer varios delitos durante su mandato, entre ellos peculado, contratos sin cumplir con los requisitos legales, y falsificación de documentos públicos y privados.

En otra de las recientes acciones de la entidad, inició una investigación disciplinaria contra Arbey Maje, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en La Montañita, Caquetá, debido a sospechas de acoso hacia una docente de la misma institución. Asimismo, la medida incluye a Jaqueline Ortiz, quien desempeña el cargo de secretaria de Educación Departamental.

El acoso habría comenzado con comentarios insinuantes y frases despectivas, escalando a presuntos actos de acoso sexual a través del uso de la fuerza contra la docente y conductas inapropiadas realizadas dentro de su residencia.

Según los reportes, el directivo docente se presentó en la vivienda de la víctima aprovechando una reunión a la que habían sido invitados varios compañeros de trabajo. Tras ser rechazado, el investigado habría intentado forzar a la docente a mantener relaciones sexuales. Luego, Arbey Maje se quedó dormido en la cama de la víctima bajo los efectos del alcohol. Al despertar, habría realizado sus necesidades fisiológicas en distintos lugares del apartamento de la profesora.

Con respecto a la conducta del rector, la Procuraduría General de la Nación comentó que: “podría traspasar los límites de la violencia por acoso sexual y configurarse como violencia de género en tanto, contienen particularidades que indican el abuso de una posición dominante para someter a una subalterna por su condición de mujer como construcción social”.

El ente disciplinario también inició una investigación sobre la conducta de la exsecretaria de Educación, Jaqueline Ortiz. Al parecer, Ortiz no habría implementado las medidas urgentes y necesarias para confirmar los hechos denunciados por la docente y tampoco habría informado del caso a la Fiscalía ni ordenado su traslado inmediato para evitar su revictimización, considerando el impacto psicológico sufrido por la afectada.