Procuraduría exigió la actualización de políticas de salud mental y consumo de sustancias

La Procuraduría General de la Nación ha presentado los resultados del seguimiento a la implementación de la Ley 1566 de 2012, que garantiza la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Estos resultados fueron divulgados en el II Foro Iberoamericano sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y su Impacto en la Salud Pública, resaltando diversas exigencias a las entidades de salud del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su intervención, el ente de control destacó la solicitud al Ministerio de Salud para actualizar la encuesta de salud mental, ya que la última versión corresponde al año 2015.

Asimismo, la Procuraduría requirió la actualización de la política integral para el consumo de sustancias psicoactivas y la reglamentación de programas de promoción en salud mental y prevención de problemas y trastornos mentales en el ámbito laboral. Se subrayó la necesidad de actualizar el Conpes de salud mental, cuya última edición finalizó en 2023 con un avance del 82.17%.

El informe también detalló el seguimiento al trabajo de las secretarías de Salud departamentales y distritales en la adopción de la política de consumo de sustancias psicoactivas. Se destacó la importancia de las gestiones adelantadas por estos organismos para garantizar una atención de calidad a las personas que consumen estos compuestos alucinógenos.

Finalmente, la delegada de Asuntos del Trabajo se refirió a la vigilancia sobre las acciones conjuntas realizadas entre los consejos departamentales y distritales de salud mental y el Comité de Drogas y Estupefacientes. Estas acciones son esenciales para coordinar esfuerzos y asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas de salud pública.

Este seguimiento y las exigencias planteadas reflejan el compromiso de la Procuraduría General de la Nación con la salud pública y la protección de las personas que consumen sustancias psicoactivas, de acuerdo con el ente de control.

El Ministerio de Salud y Protección Social clasifica las sustancias psicoactivas en tres grandes grupos, basándose en diferentes criterios. En primer lugar, según sus efectos en el cerebro, las SPA pueden ser depresoras, estimulantes o alucinógenas. Las sustancias depresoras reducen la actividad del sistema nervioso central, produciendo efectos de relajación y somnolencia.

Por otro lado, las sustancias estimulantes aumentan la actividad del sistema nervioso central, generando efectos de alerta y energía. Las sustancias alucinógenas, por su parte, alteran la percepción de la realidad, provocando alucinaciones y cambios profundos en los procesos de pensamiento.

Otra forma de clasificar las SPA es según su origen. Algunas son naturales, derivadas directamente de plantas o animales, como la marihuana o el peyote. Otras son sintéticas, producidas en laboratorios a partir de compuestos químicos, como el LSD o el éxtasis. También existen sustancias semisintéticas, que combinan elementos naturales y procesos químicos, como la heroína, que se deriva de la morfina extraída del opio.

Finalmente, las sustancias psicoactivas se clasifican según la normatividad. Algunas son ilegales, cuya producción, distribución y consumo están prohibidos por la ley, como la cocaína y la heroína. Otras son legales, permitidas por la legislación, aunque su consumo puede estar regulado, como el alcohol y el tabaco.

El consumo de sustancias psicoactivas puede llevar a problemas de salud significativos, incluyendo dependencia y otros trastornos mentales. La clasificación y regulación de estas sustancias son cruciales para la implementación de políticas de salud pública efectivas.

Hace algunas semanas se anunció la creación de un centro especializado en Bogotá para tratar a menores con trastornos mentales y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Esta iniciativa del concejal Rubén Torrado forma parte del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

El plan también busca integrar un programa de prevención y atención a la conducta suicida en colaboración con varias universidades locales, con el objetivo de reducir el consumo de drogas y mejorar la salud mental de los jóvenes.