La crisis de la justicia en Colombia es un tema que ha generado gran preocupación y críticas. Las más recientes corrieron por cuenta de Enrique Gómez Martínez, director del partido de Salvación Nacional, que en su columna de opinión, el lunes 1 de julio de 2024, reseñó la inoperancia del Gobierno y sus instituciones judiciales. El político destacó que, en lugar de abordar la problemática, el Gobierno está “más comprometido en agravarla”.
La suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos ha sido, de acuerdo con el excandidato a la presidencia, un factor crítico que ha creado un “ambiente de tolerancia con el crimen organizado” y derivado en “más delito, masacres, sicariato, sangrientas luchas territoriales, microtráfico y extorsión”. Afirmaciones que generaron una fuerte controversia en redes sociales, por los señalamientos del abogado y político bogotano, de 55 años.
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Además, Gómez Martínez dijo que la clase política y judiciales ignoran la relación íntima entre el “fracaso de la justicia y la inseguridad”, lo que perpetúa así un sistema lleno de “privilegios, ineficiencias e incoherencias”.
El letrado también dejó en claro que la ausencia de justicia impacta gravemente la economía nacional, pues no solo desanima al sector empresarial y obstaculiza el emprendimiento, sino que “la inseguridad jurídica encarece las transacciones comerciales, limita la inversión y genera costos inútiles a los agentes económicos”, afectando así la competitividad de la industria nacional en los mercados internacionales.
Enrique Gómez Martínez y sus ataques a la fiscal General
En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, Gómez Martínez la describió como “una de las entidades más disfuncionales del Estado colombiano”, comparándola con el Ministerio de Educación. Expresó que ambas instituciones enfrentan “indicadores constantes, perdurables y objetivos de su total fracaso”. Con el agravante de que, a pesar de ello, han recibido incrementos presupuestales en la última década sin evidentes mejoras.
En torno a la figura de Luz Adriana Camargo, actual titular del organismo, el político no tuvo piedad al afirmar que no se distingue en su mediocridad de sus antecesores. La acusó de batir récords de lo que llamó “turismo judicial” al estar “más tiempo por fuera del país que dedicada al cargo”. Este comportamiento fue interpretado, a su juicio, como una muestra de que “aquí no pasa nada en justicia y nadie espera nada tampoco”.
La crítica también se extendió a la metodología interna de la Fiscalía, marcada por nombramientos que responden al “compromiso de devolver favores y atenciones”.
“La incompetencia siempre es una justificación para más cargos, contratos y con ellos se pueden pagar aún más favores o se pueden asegurar más compromisos, dentro y fuera de la rama. Más bien dicho: ¡Lo mismo de antes! Como Barbosa, Camargo no manda ni le interesa mandar. La Fiscalía se entrega para pagar favores o rentarla”, indicó el abogado, que aspiraría de nuevo a la presidencia, tras su presencia en 2022.
Señalamientos al papel de la Fiscalía
El también columnista expresó que la Fiscalía es una “entidad más disfuncional” cuyo trabajo busca mantener a ciertos sectores de la sociedad beneficiados, incluyendo a la “gran criminalidad organizada del país”, como las que llamó “insurgencias marxistas”. Estas organizaciones valoran y aprovechan judicialmente, a su parecer, las incoherencias derivadas de la autonomía e irresponsabilidad política de la fiscal General.
Del mismo modo, Gómez Martínez pidió a los ciudadanos leer el memorando número 1 emitido por Camargo el 27 de junio de 2024, para entender una “apología monumental al delirio hermenéutico que domina nuestro ineficaz estado”. Desde su perfectiva, este documento es un conjunto de “lugares comunes, reiteración de promesas vacías y enunciación de principios y objetivos siempre violados y fracasados”.
Lo preocupante, según Gómez, es que las críticas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, que ha reclamado abiertamente a la Fiscalía el “bloqueo e inoperancia de la justicia premial a través de preacuerdos y formas de terminación anticipada del proceso”, no son tenidas en cuenta en el citado texto, objeto de su estudio. “Camargo es Barbosa 2. Nombrados y diseñados para fracasar”, reiteró.
Por último, el líder opositor mencionó que, de las 1,8 millones de noticias criminales en 2023, la Fiscalía solo presentó 2.742 preacuerdos para cumplir la premisa esencial del sistema penal oral acusatorio, lo que representa, desde su mirada, un “ridículo 0,15% de los casos”. Esto, en contraste con el supuesto teórico del sistema, que debería tener al “90% de las noticias criminales con imputados, dando origen a preacuerdos”.