Chiquita Brands presenta pruebas de supuestos sobornos a paramilitares para que testificaran en su contra

El 10 de junio de 2024, la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada por una corte federal de Florida, Estados Unidos, tras ser hallada culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con una suma de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004.

La historia entre Chiquita Brands y Colombia no es nueva. Esta compañía fue fundada en 1870 bajo el nombre de United Fruit Company, marca relacionada con la ‘Masacre de las bananeras’, denunciada por Jorge Eliécer Gaitán en la primera mitad del siglo XX.

En 1899, United Fruit Company surgió de la fusión entre Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria de Minor C. Keith. En la década de 1970, la empresa enfrentó dificultades financieras que la llevaron a reorganizarse bajo el nombre de Chiquita Brands International.

En 1996 se inició este caso cuando la multinacional empezó a ser investigada por pagos ilegales y supuestos sobornos a funcionarios de la Dian, que les ayudarían a obtener la licencia de un puerto privado en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Un informe de Noticias Uno mostró coincidencias entre los pagos y la expedición de la licencia de la zona franca en Turbo.

Este episodio marcó la historia de Colombia al ocurrir la matanza de trabajadores por parte del Ejército, con el objetivo de frenar una huelga organizada por el sindicato de empleados de la empresa.

En 2004, la filial de Chiquita Brands cerró tras las acusaciones de estar involucrada con grupos paramilitares. La empresa sostuvo que, si había hecho pagos a las AUC, fue como consecuencia de extorsiones.

“Realizamos pagos para proteger a nuestros empleados”, argumentó la compañía durante el proceso. En 2007, luego de múltiples demandas civiles interpuestas por nueve víctimas, Chiquita Brands confesó haber realizado pagos a las AUC entre 1997 y 2004. Pese a la confesión, la multinacional se mantuvo firme en su postura de que los pagos fueron producto de extorsión.

El juez del Distrito Sur de Florida determinó que estos pagos sumaban 1,7 millones de dólares y estaban directamente relacionados con crímenes de guerra.

“Sabemos que estos pagos fueron bajo presiones y amenazas”, explicó Chiquita en los tribunales, aunque las declaraciones de víctimas y miembros de las AUC cuestionaron la veracidad de estas afirmaciones.

La polémica alrededor de la empresa tiene un nuevo capítulo, esta vez como consecuencia de unas revelaciones de Paul Wolff, uno de los abogados cuyo bufete ganó uno de los pleitos en contra de la multinacional. A través de su cuenta de Facebook, Wolff reveló que habría un entramado de sobornos a paramilitares colombianos para que testificaran en contra de la compañía.

El abogado acusa a Terrence Collingsworth de ser el autor intelectual de estas acciones: “Collingsworth es más problemático, porque fue el cerebro de la conspiración abogado-paramilitar. La organización AUC prestó a Collingsworth 1,5 millones de dólares (6 mil millones de pesos), la mitad de los cuales devolvió a Albert van Bilderbeek (condenado por lavado de dinero de los paras en la petrolera Llanos Oil) y la otra mitad se la quedó”, escribió en su red social el pasado 26 de marzo.

El anterior texto fue publicado en la cuenta de Facebook de Wolff, motivo por el cual Collingsworth solicitó a la jueza del caso ejercer control sobre el perfil del abogado en esta red social, argumentando que allí da cuenta de información confidencial.

Chiquita Brands, a través de un documento elaborado por la empresa Guidepost, de la que el columnista Yohir Akerman es miembro, se refiere a los mencionados sobornos. Así lo explicó Akerman:

“Algunos abogados estadounidenses y sus agentes colombianos sobornaron, y en otros casos intentaron sobornar sin éxito, a más de 12 miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para manipular su testimonio con el fin de obtener mayores indemnizaciones, y desde luego más jugosos honorarios, implicando a esa empresa, y a otras, como supuestos colaboradores de los paramilitares”.

Esta situación ha provocado un intenso intercambio de versiones, en el que los abogados parecen dispuestos a llevar el caso a instancias superiores para demostrar sus respectivas versiones. Collingsworth ya anunció una demanda contra Wolff, a quien ha tildado de “antiético” a través de declaraciones en medios de comunicación.