La justicia colombiana podría entrar en crisis: la impunidad supera el 93%, una cifra calificada como “escandalosa”

En medio de la expectativa por los proyectos de reforma a la justicia que se radicarán en el Congreso de la República, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Eugenio Corredor, advirtió que los cambios en el sistema penal son urgentes, porque la situación es grave.

“Es lamentable que ahora se tenga que admitir que los índices de impunidad superan el 90% de la criminalidad. Un país donde se esté registrando una impunidad de un 90% merece este tipo de foros, pero además merece que las conclusiones de estos foros se presenten ante instancias respectivas en aras de remediar tan grave situación”, señaló el magistrado Corredor.

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La advertencia se realizó durante el Conversatorio Nacional del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 20 años del Sistema Penal Acusatorio, celebrado en Ibagué, Tolima, que tenía el propósito de abordar el ciberdelito a partir de intervenciones de jueces, magistrados e invitados internacionales.

El magistrado Corredor alertó durante la instalación sobre lo que calificó como una “cifra escandalosa” revelada por la Secretaría de Transparencia, que indica que los índices de impunidad en el país alcanzan el 93.9%.

“El reto que tenemos hacia el futuro es solucionar los problemas que mantiene o registra el sistema penal acusatorio porque, de no hacerlo, estaríamos entrando en una grave crisis. La crisis de la justicia penal sería muy grave porque trascendería a muchas esferas del orden ciudadano”, agregó el magistrado.

Tal es la situación que, según indicó el presidente de la Sala Penal de la Corte, se presentan casos en los que dos o tres fiscalías tienen que compartir un mismo investigador, lo que genera demoras en los procesos e impide que el sistema funcione correctamente.

La Fiscalía tiene 3,3 millones de procesos activos. En 2023 fueron radicados 52.278 escritos de acusación, de los cuales solo el 5% (2.742) terminaron en preacuerdos o principios de oportunidad que permiten acelerar los procesos a través de terminación anticipada, lo que podría disminuir la congestión en los juzgados.

El magistrado Corredor espera que en los proyectos que serán radicados el próximo 20 de julio en el Congreso, que conforman la reforma a la justicia, se incluyan varias modificaciones para el Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar la crisis.

“Hay necesidad de descongestionar el principio de oportunidad, porque, siendo un mecanismo tan idóneo, no se está cumpliendo por el cuello de botella que la misma Fiscalía ha generado al tener que ser resueltos en sede de la Vicefiscalía General de la Nación, en una comisión de sabios que se suelen reunir semanal o quincenalmente para tramitar todos los principios de oportunidad”, señaló.

Para el magistrado es necesario facilitar los mecanismos de allanamiento a cargos, los acuerdos y preacuerdos, con el fin de que sea a través de estos mecanismos extraordinarios que se resuelvan al menos el 10% de todos los procesos, lo cual revestiría beneficios para todas las partes.

Por ejemplo, el magistrado Corredor explicó que el Estado se ahorra los grandes esfuerzos en investigación y juzgamiento, debido a que los procesados aceptan la culpabilidad a cambio de un beneficio de rebaja de pena, que se conoce como la justicia premial.

“Las expectativas de las víctimas de un delito de índole pecuniaria, sin lugar a dudas, más que una pena de prisión, sin la virtualidad de resarcir el detrimento económico generado, persiguen la retribución del perjuicio causado. Por tanto, se considera que contemplar la reparación integral dentro de las posibilidades que habilitan tanto la terminación del proceso como su preclusión puede estimular el restablecimiento del daño al tiempo que disminuiría el número de actuaciones que llegan hasta el juicio”, afirmó el magistrado.

En ese sentido, propuso establecer la indemnización integral como un factor de terminación del proceso y causal de preclusión, únicamente en los casos de delitos que no trasciendan la esfera individual y personalísima, que es uno de los factores de mayor sobrecarga judicial.

Otro de los beneficios de que los procesos se terminen de manera anticipada es que podría impedir la impunidad, porque al llegar a juicio se convierten en “trámites dispendiosos, que se prolongan indefinidamente en el tiempo, cuyas etapas se vuelven tortuosas tanto para los fiscales como para los defensores y los jueces, sin que haya certeza de saber cómo terminarán, pues diversas vicisitudes pueden dar al traste con la función punitiva del Estado”, aseguró.

En un proceso largo se pueden perder los testigos, dañar las pruebas técnicas o de laboratorio, los declarantes pierden detalles de la memoria, lo que lleva a que se anulen los trámites o a que se precluya la acción penal, impidiendo que las víctimas accedan a los derechos de verdad, justicia y reparación.

“La certeza de una condena célere, aunque suponga la imposición de una menor sanción, emerge como una mejor alternativa que aquella que encarna dentro de sus posibilidades la prolongación indefinida del trámite, el advenimiento de un fallo absolutorio o, peor aún, la prescripción de la acción penal”, señaló el magistrado Corredor.

En su propuesta se contemplan rebajas de pena incluso para delitos de alto impacto como terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, delitos dolosos de homicidio y lesiones personales, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, secuestro de niños, niñas y adolescentes, y feminicidio, a los que se les daría un cuarto de rebaja de pena con el fin de que los procesados cuenten con alternativas.