Once años después de su muerte, el legado del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, sigue en disputa por parte de sus nueve herederos que, compuestos por hijos legítimos y extramatrimoniales, en medio de su afán por conseguir más de la fortuna del esmeraldero, habrían cometido varios movimientos irregulares para dejar por fuera a las hijas del boyacense que fueron concebidas con otras mujeres.
De hecho, la más reciente decisión judicial de 2021, conocida y revelada por la revista Cambio, demuestra las grietas profundas en la administración de su sucesión. Según se conoció, un juez determinó que hubo una reducción intencional del valor del patrimonio denunciado por las hijas extramatrimoniales.
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Este fallo concluyó que María Blanca Carranza, la prima y también viuda de Víctor, junto a sus hijos legítimos, transfirieron bienes de manera que parecían haberse ocultado del proceso sucesoral. Y es que desde la muerte de Carranza, María Blanca Carranza comenzó a distribuir propiedades y acciones entre sus hijos por valores ficticios, según alegaron las hijas extramatrimoniales del zar.
Este comportamiento incluyó la creación de fideicomisos civiles de bienes como “La Esmeralda”, “Las quebradas” y “El volcán”, que superan los 60 mil millones de pesos. Además, las propiedades transferidas no se reportaron en su totalidad a los jueces, ocultando así el verdadero patrimonio de los herederos legales.
La decisión del juez en 2021 instruyó la devolución de estas propiedades y activos a la sociedad conyugal, además de aplicar la restitución doblada del valor de estos bienes, como establece el Código Civil. “Los actos administrativos y dispositivos realizados durante la vigencia del matrimonio también pueden ser sometidos a control”, dictó la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Esta resolución afectó particularmente a Yamile Piñeres, la esposa del primogénito Víctor Ernesto y a sus hijos, quienes inicialmente fueron incluidos en el grupo responsable del ocultamiento.
Piñeres logró demostrar que su responsabilidad no era absoluta, puesto que su esposo falleció antes de finalizar ciertos procesos legales relacionados con el fideicomiso civil. Finalmente, la Sala Civil aclaró que aunque Víctor Ernesto colaboró en el engaño, ni Yamile ni sus hijos debían hacer una restitución doblada sobre el fideicomiso.
Por su parte, las hijas extramatrimoniales del zar de las esmeraldas insistieron en que María Blanca infló el valor de bienes y agotaron los recursos disponibles para minimizar el impacto sobre la sucesión. Entre las empresas implicadas en esta trama se encuentran Ganadería Brisas de Agualinda, Empresa Hotelera y Turística del Llano Ltda., Operadora Turística Lord Pierre Ltda. y Calizas del Llano S.A..
Estas empresas recibieron transferencias inusitadamente bajas que luego pasaron a los hijos legítimos, afectando así negativamente la parte hereditaria de las hijas extramatrimoniales. El pleito que lleva más de 10 años también incluye propiedades obtenidas ilegalmente por Carranza como la hacienda de 27.000 hectáreas “El Porvenir” en Puerto Gaitán, Meta, que en 2017 fueron devueltas a la nación.
La Agencia Nacional de Tierras asignó estas tierras a campesinos e indígenas, como parte de un esfuerzo para remediar las acciones pasadas del zar de las esmeraldas y “Los Carranceros,” su ejército privado ilegal que dejó una huella violenta en la región.
Salvatore Mancuso, notorio líder paramilitar, confirmó que Carranza participó en los diálogos con los jefes de las autodefensas Carlos y Vicente Castaño. Sin embargo, la justicia colombiana nunca condenó a Carranza por su implicación directa en la creación y financiamiento de las Autodefensas de los Llanos Orientales. En 1998, Carranza fue detenido por la Fiscalía, aunque recobró su libertad dos años después sin enfrentar ninguna condena concreta.
Entretanto, el conflicto por la distribución equitativa de la herencia Carranza no muestra signos de resolverse pronto, pues las demandantes aseguran que aún hay predios del esmeraldero que siguen ocultos por su cónyuge, además del pleito que se adelanta en la Fiscalía por ocultamiento de bienes, que ya completa más de siete años y continúa en fases preliminares sin avances significativos.