La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que recopiló elementos de prueba y evidencia física que dejan en evidencia la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares de la Secretaría de Movilidad de Cali, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en la capital del Valle del Cauca.
Los presuntos involucrados son cinco servidores de la entidad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio.
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El ente judicial precisó que estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022.
“En algunos casos los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Por tal motivo, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los implicados en diligencias realizadas en Cali. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.
La Fiscalía General de la Nación precisó que los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este escándalo por corrupción se dio a conocer el viernes 14 de junio de 2024, luego de que la Alcaldía de Cali admitiera en una de las secretarías se estaban registrando presuntas irregularidades.
Las alarmas se encendieron cuando el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), encargado del registro distrital de infractores, reportó un incremento del 150% en las exoneraciones de multas de tránsito entre enero y mayo de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad tomó acciones de forma inmediata.. Asimismo precisaron que desde abril del presente año se iniciaron acciones administrativas e indagaciones internas que permitieron identificar las irregularidades en la entidad de movilidad.
Desde la Alcaldía de Cali informaron que con esas investigaciones se evidenció que cerca de 50.000 multas, por un valor superior a los 12.000 millones de pesos, habían sido exoneradas de forma presuntamente ilegal. Solo en mayo de 2024 la cifra ascendió a más de 15.000 multas que fueron borradas de manera irregular.
En el comunicado emitido desde la Alcaldía de Santiago de Cali señalaron que, comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción, se denunció estas presuntas irregularidades ante las autoridades competentes.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó los hechos, motivo por el cual señaló que en su administración no se tolerará ese tipo de conductas.
“Los recursos públicos son sagrados y no toleraremos ninguna forma de corrupción. Este es un mensaje claro para todos: no permitiremos que nadie se aproveche de su posición para enriquecerse a costa de la ciudadanía. La Alcaldía de Cali está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó Eder.
La Alcaldía de Cali resaltó su compromiso para llevar a cabo una gestión transparente y eficiente, razón por la cual agradeció a la ciudadanía por el apoyo y vigilancia constante.
Así las cosas, aseguraron que se tomarán todas las medidas para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a registrar en las entidades de la administración.
“Desde la Administración Distrital se seguirá trabajando para garantizar que los recursos públicos se administren con la máxima integridad y que los responsables de actos de corrupción enfrenten las consecuencias de sus acciones”, manifestaron en su documento.
Lo sucedido en la Secretaría de Movilidad de Cali llevó a que las autoridades señalaran que es necesario fortalecer los mecanismos de control y prevención para evitar que este tipo de situaciones se repitan en todo el territorio nacional.
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