Así está el panorama de las curules de paz: tendrían fuertes alianzas burocráticas con el Gobierno de Gustavo Petro

Las 16 curules de paz creadas por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc en 2016, que buscaban incluir políticamente a las víctimas del conflicto, han tenido un papel crucial en los primeros dos años del Congreso, principalmente por su apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.

Aunque no han logrado muchos proyectos propios durante su paso por el legislativo, sí se ha convertido en un brazo de apoyo para el Gobierno del presidente Petro por su fuerte respaldo en la aprobación de varias leyes que ha sacado adelante el Ejecutivo.

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Sin embargo, una investigación adelantada por El Espectador dejaría a la luz las relaciones que algunos de los legisladores tendrían con la Presidencia, que irían más allá de lo político e incluiría beneficios para familiares de los representantes en contratos públicos.

Según se conoció, en mayo de 2023, la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano, organizó una reunión con los congresistas de las curules de paz para discutir los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Este encuentro tuvo como finalidad “facilitar el acercamiento institucional de las entidades a las comunidades y actores sociales”, según información del Ministerio del Interior. Además, Solano ha trabajado de cerca con estos congresistas, y algunos la han señalado como clave para la tramitación de sus solicitudes.

Las curules de paz fueron creadas para reparar los territorios más afectados por el conflicto a través de la participación política de las víctimas, pero algunos de sus miembros han enfrentado críticas por su procedencia política tradicional y la falta de proyectos aprobados en beneficio directo de las víctimas.

Sin embargo, su apoyo ha sido fundamental para el Gobierno de Petro, especialmente en la aprobación de la ley de Paz Total, que permitió el diálogo con grupos armados ilegales, la creación de la Jurisdicción Agraria y la reforma pensional.

Pero la conexión entre los congresistas y el Gobierno también se extiende a nivel contractual. Según El Espectador, varios familiares de los congresistas han sido empleados en entidades gubernamentales como el Ministerio del Interior, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Unidad de Restitución de Tierras. La ADR, en particular, ha contratado a familiares de siete de los congresistas.

Lilia Solano, futura directora de la Unidad de Víctimas, afirmó no estar involucrada en la contratación. “Aunque soy responsable del diálogo con todos los sectores sociales, no estoy encargada de la contratación en el Ministerio... Las conversaciones con los congresistas son estrictamente sobre el acompañamiento territorial de la conflictividad de lo cual me ocupo como viceministra”, declaró al medio nacional.

Según se pudo establecer, entre los congresistas más destacados está Karen López Salazar, vicepresidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, quien jugó un papel crucial en la aprobación de la reforma pensional y laboral. También destaca el representante Jhon Jairo González, que apoyó la designación de Solano en la Unidad de Víctimas, calificándola como apta para el cargo en representación de las 9.500.000 víctimas reconocidas en Colombia.

Pero su ferviente apoyo al Gobierno ahora está en la mira de la opinión pública. Por ejemplo, Juan Carlos Vargas, representante de Bolívar y Antioquia, tiene a dos hermanas contratadas en la ADR y el Ministerio del Interior, mientras que su esposa obtuvo un contrato en el Ministerio de Salud que no se ejecutó. Igualmente, el representante a la Cámara William Aljure tiene a su hija contratada en el Ministerio del Interior, además de otros allegados en entidades gubernamentales.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) es la entidad donde se concentra la mayor parte de estos contratos. La hija de Aljure, Diana Katerine Aljure, firmó un contrato por 48 millones de pesos para trabajar en la Subdirección de Gobierno contra la Trata. Además, Luis Antonio Segura, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Aljure, fue nombrado coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio en el Guaviare.

Orlando Castillo Advíncula, representante de Valle y Cauca, tiene un allegado en la UTL, contratado en la Unidad Técnica Territorial de Popayán. Leonor María Palencia, representante de Córdoba, también tiene familiares trabajando en la ADR. Diógenes Quintero, de Norte de Santander, tiene a su contador de campaña contratado en la Unidad Técnica.

Sin embargo, los congresistas han defendido la idoneidad de sus familiares para estos roles. Por ejemplo, Vargas Soler indicó: “Ellos no están en esas entidades por recibir adendas, sino por sus hojas de vida”. En línea con esto, la viceministra Solano también negó cualquier irregularidad en su relación con los congresistas.

La bancada de paz ha tenido un solo éxito legislativo exclusivo: la ampliación de los plazos para que las víctimas declaren ante la Personería, Defensoría o Procuraduría. No obstante, aunque han apoyado numerosas iniciativas del Gobierno, no lograron que se aprobara la versión de la reforma a la Ley de Víctimas que querían.

En el nivel legislativo, aunque las reformas a la educación y salud no prosperaron, el papel de las curules de paz fue fundamental para el progreso de otras leyes. La reforma a la educación, por ejemplo, contó con el apoyo de 11 de los 16 representantes en su segundo debate. En cuanto a la reforma de salud, la mayoría votó favorablemente, a excepción de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, relacionado con la oposición.