‘Timochenko’ envió un mensaje al presidente Petro para que garantice la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz

El 27 de junio, varios excombatientes del acuerdo de paz de 2016 en el departamento del Caquetá denunciaron amenazas de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc.

Estas amenazas obligarán a los firmantes a abandonar el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Miravalle, en San Vicente del Caguán.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y líder del Partido Comunes, expresó su preocupación en un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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Londoño detalló que 14 mujeres, 44 hombres, 7 niñas y 17 niños son las víctimas de este desplazamiento forzado.

El expresidente Juan Manuel Santos también se manifestó contra las amenazas a los firmantes, pidiendo al Gobierno Nacional implementar las medidas de seguridad acordadas en el tratado de paz.

“Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, afirmó Santos.

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ‘Estado Mayor Central’, anunció el envío de una comisión especial para verificar la situación en la zona.

por medio de un comunicado, el 23 de junio, el EMC de las disidencias de las Farc solicitaron a los firmantes de paz que se resocializan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle (Caquetá), salir del lugar debido a la presencia de la Segunda Marquetalia en esa zona.

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De acuerdo con lo conocido por Semana, el EMC dio un plazo de 40 días para que desocupen sus hogares, tras citarlos a reuniones forzadas en Puerto Amor. También se conoció un comunicado del otro grupo en disputa, la Segunda Marquetalia, alertando sobre provocaciones de alias Urías y la disposición de minas antipersonal, poniendo en peligro a las comunidades locales.

“Queremos expresar nuestra preocupación y condena por los hechos que están ocurriendo en la zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas, con responsabilidad del grupo que se hace llamar Estado Mayor Central al mando de Calarcá, quienes actualmente están en diálogos con el Gobierno nacional, aprovechando el cese al fuego y las manos atadas que tienen las Fuerzas Militares para realizar operaciones contra ellos. La situación es crítica y merece la atención inmediata de las autoridades y organismos defensores de derechos humanos”, fue parte de la misiva con fecha del 23 de junio, reseñada por el medio citado.

De otro lado, en el comunicado del EMC detallan la situación que estarían viviendo los exguerrilleros que decidieron acogerse a los acuerdos y regresar a la vida civil. “La injusticia social que continúa galopante en Colombia hace que, tanto los comprometidos con el Acuerdo de 2016 como los que seguimos en la lucha revolucionaria, tengamos intereses en común, al de la misma clase trabajadora”, indicó la misiva.

Enfatizaron en que la implementación del Acuerdo de Paz no ha funcionado, al resaltar que en lo que se refiere a la “Reforma Rural Integral” y sus avances, han sido mínimos o nulos. “Los dineros se los embolsillaron unos traidores de clase que decían ser revolucionarios y daban órdenes”, complementaron.

Además, señalaron a algunos exguerrilleros vinculados al Etcr de Miravalle de apoyar a sus contrincantes: “Es el caso lamentable del Etcr de Miravalle, claro... no por todos, sino por algunos residentes de ese espacio, que ha sido asaltado en su buena fe por grupos armados contrarrevolucionarios como la Segunda Marquetalia, que instrumentaliza a los excombatientes para ejecutar sus fechorías”.

Y agregan: “Acuden a ustedes, por cuenta de que sus necesidades con el Acuerdo de Paz no han sido solucionadas y el pan para sus hijos no da espera, entonces se rinden a los pies de esos delincuentes y sin calcular los efectos han hecho de Miravalle un foco de inseguridad”.