Registraduría enviará explicaciones a magistrados de la JEP por omisión de datos

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha respondido a una serie de cuestionamientos impuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el registrador Hernán Penagos.

La JEP había señalado una supuesta omisión en la entrega de información clave relacionada con la víctima Tulio Alonso Parra Medina, lo que dificultaba acreditar a su familia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el comunicado emitido, la Registraduría informó que se están preparando para proporcionar las explicaciones solicitadas por los magistrados. La respuesta se estructura como una reacción ante las medidas correccionales impuestas por la JEP, las cuales señalaron que la falta de información constituye un obstáculo para la justicia.

“Es considerada por la Sala como un obstáculo para la satisfacción de los derechos de las víctimas”, afirmó el tribunal. La comunicación oficial enviada por la entidad contenía detalles encontrados en el Sistema de Información de Registro Civil (Sirc), incluyendo un Registro Civil de Defunción correspondiente a Díaz Vargas John Ricardo, inscrito el 2 de agosto de 2021 en la Notaría 71 de Bogotá.

“En atención a su solicitud, de manera atenta le comunico que, con fundamento en los detalles suministrados por usted, se efectuó la búsqueda en el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), encontrándose Registro Civil de Defunción (...) correspondiente a DIAZ VARGAS JOHN RICARDO, fecha de inscripción 02 de agosto de 2021 en la Notaria 71 de Bogotá-Cundinamarca”, dice el comunicado expedido por la Registraduría.

La JEP reportado la ausencia de una copia del registro civil de nacimiento de Tulio Alonso Parra Medina como un elemento crucial para avanzar en el trámite de las solicitudes de acreditación de dos víctimas del conflicto armado en Colombia. Los magistrados destacaron que “esa respuesta constituye una obstrucción a la justicia”, y argumentaron que la medida correccional se justifica para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Por su parte, la Registraduría, a través de su oficina de comunicaciones, anunció que se están preparando para ofrecer una respuesta detallada a las solicitudes de los magistrados. “En atención a su solicitud, de manera atenta le comunico que (...) se efectuó la búsqueda en el SIRC...”, declararon desde la entidad, sugiriendo que la investigación está en curso y que se están reuniendo los documentos necesarios para responder a las demandas de la JEP.

La JEP solicitó formalmente al registrador Nacional, Hernán Penagos, que explique las razones del supuesto incumplimiento en un plazo de dos días hábiles y cumpla con lo requerido para no obstruir la administración de justicia. “Para garantizar el derecho de defensa y contradicción”, enfatizó el tribunal.

“Es considerada por la Sala como un obstáculo para la satisfacción de los derechos de las víctimas, debido a que la copia simple del registro civil de nacimiento de Tulio Alonso Parra Medina es imprescindible para avanzar en el trámite de las solicitudes de acreditación de dos víctimas del conflicto”, indica el pronunciamiento de la JEP.

El caso de Tulio Alonso Parra Medina es una pieza central en el proceso de anotación y verificación de víctimas de ‘falsos positivos’, una compleja trama de violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano. Según la JEP, la integridad de estos registros es esencial para la efectiva protección de los derechos de las víctimas y para facilitar los trámites legales correspondientes.

Las tensiones entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Registraduría han resaltado la importancia de la colaboración interinstitucional para resolver eficazmente los casos de derechos humanos y proporcionar un cierre a las familias afectadas. Cada paso en estos procedimientos debe ser minuciosamente documentado y justificado, tal como lo exigen las normativas vigentes.

Se debe tener en cuenta que todas las órdenes y requerimientos judiciales deben ser respetados y ejecutados sin dilaciones para preservar la confianza en la administración de justicia y asegurar que las víctimas reciban el trato adecuado conforme a sus derechos. La respuesta completa de la Registraduría será crucial para determinar los próximos pasos en este caso.