Iván Name, presidente del Senado, anunció investigación por posibles chuzadas a congresistas

El presidente del Congreso, Iván Name, anunció el inicio de una investigación para determinar si algunos parlamentarios han sido objeto de interceptaciones ilegales de comunicaciones. Esta declaración surge en el contexto de denuncias recientes sobre interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional y otros altos funcionarios del Estado. La preocupación se ha extendido al ámbito legislativo, aunque hasta ahora no hay evidencia concreta que confirme estos hechos.

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Name afirmó que no ha recibido información específica sobre la interceptación de comunicaciones de congresistas. “No he sabido de eso, ni he oído de denuncias, salvo algunas que se presentaron en el debate reciente que se hizo en el Congreso, pero no sabemos hasta qué punto el Congreso y quienes convocaron el debate hayan sentido justificadas las explicaciones”, dijo. Esta referencia al debate liderado por el senador David Luna destaca la falta de pruebas contundentes hasta el momento, aunque reitera la necesidad de investigar las acusaciones presentadas.

Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia del Gobierno Nacional, ha negado enfáticamente cualquier participación en interceptaciones durante la administración del presidente Gustavo Petro. “Rumor, rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. El llamado que hago es que, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, de percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, aclaró González.

El senador David Luna, que presentó denuncias en el último debate, expresó su insatisfacción con las explicaciones ofrecidas por el director de Inteligencia. Esta postura crítica resalta la tensión existente entre algunos sectores del Congreso y las autoridades encargadas de la seguridad y el espionaje.

En su declaración, Name reveló que, a pesar de no tener evidencia concreta, se ha iniciado una averiguación dentro del Congreso. “En términos generales no tenemos ningún tipo de demostración o evidencia, pero estamos en esa averiguación entre todos los que hacemos parte de los equipos en el Congreso”, manifestó. Esta investigación busca esclarecer las acusaciones y determinar si realmente ha habido interceptaciones ilegales dirigidas a miembros del poder legislativo.

Por su parte, González mantuvo su postura de que las denuncias actuales carecen de fundamentos sólidos. La transparencia y la cooperación con las autoridades serán claves para resolver estas inquietudes. Name y su equipo continuarán indagando para obtener claridad sobre estas posibles irregularidades.

La Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación tras las denuncias de posible espionaje a la Corte Constitucional en Colombia. Varios magistrados informaron sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de la corte. La fiscal General, Luz Adriana Camargo, anunció la apertura inmediata de esta investigación. Se han dispuesto todos los recursos disponibles para avanzar con celeridad y rigurosidad en los actos investigativos que permitan determinar los alcances e impacto de esta delicada situación.

Durante una reunión, se discutió sobre presuntos seguimientos y espionaje a temas de fondo que están siendo debatidos, así como presuntas interceptaciones ilegales. Los magistrados han solicitado oficialmente a la Fiscalía verificar si desde hace meses se ha llevado a cabo una labor de inteligencia contra miembros de la corte. Entre las posibles pruebas se menciona información sobre presuntas escuchas e interceptaciones a celulares de magistrados y otros funcionarios que manejan procesos sensibles y bajo reserva.

La Fiscalía rechazó cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que pueda afectar la seguridad, protección e integridad de los denunciantes y sus familias. Además, desmintió haber divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional.

Este caso recuerda el escándalo de las chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando se descubrió que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptado teléfonos de diversas personalidades, incluyendo jueces, periodistas y opositores.

Por este escándalo, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, fueron condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por varios delitos.

En 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado por realizar interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin autorización judicial.