Exescolta de Verónica Alcocer denuncia que sus llamadas telefónicas están siendo chuzadas

Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fue retirado del esquema de la primera dama, Verónica Alcocer, afirmó que sus comunicaciones telefónicas están interceptadas. El escolta, cuyo nombre no fue revelado, señaló en una entrevista a la revista Semana: “Yo sé que esta llamada la están escuchando desde Palacio”.

La denuncia de la interceptación se conoció en medio de una queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación por un grupo de escoltas que quedó sin empleo el 12 de junio. Según los afectados, fueron retirados de los esquemas de seguridad tras una reunión el 11 de junio que involucró a la primera dama, Verónica Alcocer, la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el coronel Carlos Feria.

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Estos escoltas afirmaron al mismo medio que el cambio en su estatus laboral se debió a la existencia de sospechas de que filtraban información al director de la UNP, Augusto Rodríguez. Además, algunos de estos escoltas mencionaron que desde hace meses se les asignaron tareas ajenas a sus funciones de protección, como realizar compras o recoger personas.

Uno de los escoltas expresó su temor por la vigilancia que sufrieron, mencionando que les asignaron personas para supervisar sus actividades. La falta de identificación de estos individuos generó dudas sobre su legitimidad. Según el guardia, “nos pusieron a dos personas que no conocíamos para que estuvieran pendientes de todo lo que hiciéramos, no tenían identificación ni nada, es curioso que alguien vigile a un escolta porque esa es la misión de nosotros”. Este personal de seguridad también reveló su inquietud por su seguridad personal debido a la denuncia interpuesta contra el coronel Feria ante el Ministerio Público.

La tensión aumentó cuando un comentario entre los escoltas, inicialmente tomado como broma, fue interpretado como una amenaza de protesta pública. Según ellos, este comentario fue utilizado como justificación para considerarlos personas no confiables, a pesar de años de servicio sin objeciones.

Verónica Alcocer, primera dama, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pidieron modificaciones en sus esquemas de seguridad. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), informó que las alteraciones fueron específicas, aunque investigaciones indican la remoción de más de treinta escoltas.

Rodríguez detalló a El Colombiano que los escoltas despedidos fueron reasignados a otras empresas contratistas según las necesidades de la UNP y que estos cambios fueron solicitados por la Jefatura para la Protección Presidencial. Afirmó que los cambios pedidos por Alcocer y Sarabia se realizaron conforme a la ley y siguiendo todos los procedimientos.

No obstante, varios escoltas afectados dijeron a El Colombiano que no fueron rotados sino despedidos, y algunos presentaron quejas ante la Procuraduría, prefiriendo el anonimato por temor a represalias. Documentos y testimonios recogidos por el mismo medio muestran que los escoltas reportaron irregularidades en sus condiciones laborales, como la exigencia de contribuir a un fondo colectivo para cubrir gastos cotidianos, incluyendo peajes y mantenimiento de vehículos, sin recibir reembolsos.

Además, los escoltas alegaron que estas condiciones se intensificaron con la llegada de los nuevos encargados de la seguridad presidencial. Según sus declaraciones, se les exigió asumir responsabilidades adicionales sin la correspondiente remuneración o apoyo logístico.

Algunas personas del sistema de seguridad también señalaron que, a pesar de haber planteado estas preocupaciones en repetidas ocasiones, no recibieron respuestas satisfactorias de sus superiores, lo que generó un ambiente de trabajo cada vez más tenso y precario. Esta situación ha llevado a algunos a considerar medidas legales adicionales para defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo.

El reciente caso de los exguardaespaldas de Verónica Alcocer ha cobrado relevancia luego de que la primera dama denunciara una presunta campaña de desprestigio dirigida en su contra. Este nuevo capítulo añade tensión a la situación, poniendo en el centro de la atención pública las circunstancias que rodean a su seguridad personal y la integridad de su imagen pública.