Desmantelada red de contrabando multimillonario: tres miembros de una familia fueron detenidos

Gracias a la acción operativa de las autoridades se logró asestar un contundente golpe a la delincuencia organizada al haber desarticulado una red de contrabando que realizaba millonarios movimientos comerciales.

La Fiscalía presentó ante una jueza de control de garantías de Valledupar a tres miembros de una misma familia, acusados de participar en una red de contrabando de mercancías procedentes de Panamá a través del puerto de Buenaventura. Johan Andrés Marín Bernal, su compañera sentimental Angie Paulín Behaine Durán, y su hermano Sergio Felipe Marín Bernal fueron señalados de crear dos empresas en 2019 supuestamente para importar y comercializar diversos productos, así como ofrecer asesoría para actividades comerciales internacionales.

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Sin embargo, la investigación reveló que estas empresas no tenían una sede física real ni un domicilio fijo, y carecían del respaldo financiero adecuado para manejar el volumen de mercancía adquirida. Además, se encontró que una de las empresas no declaró las transferencias en dólares realizadas a proveedores en el exterior ante el Banco de la República.

Durante la investigación, se llevaron a cabo 14 diligencias que resultaron en la aprehensión, decomiso y destrucción de cigarrillos, calzado, vestuario, medicamentos y vitaminas valorados en más de 7.639 millones de pesos. Nueve de los cargamentos incautados consistían en cigarrillos que carecían de la documentación necesaria para su nacionalización y certificación de origen.

Como resultado de estos hallazgos, la Fiscalía imputó a los tres acusados los delitos de concierto para delinquir agravado y contrabando agravado. Todos ellos fueron sujetos a medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia, en espera de los avances del proceso judicial.

En Colombia, los delitos de concierto para delinquir agravado y contrabando agravado, como los imputados a Johan Andrés Marín Bernal, Angie Paulín Behaine Durán y Sergio Felipe Marín Bernal, pueden conllevar severas sanciones penales, según el Código Penal Colombiano:

• Concierto para delinquir agravado: este delito implica la participación de varias personas que se organizan para cometer delitos de manera sistemática y coordinada. La pena puede ser de prisión de 6 a 12 años y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Contrabando agravado: involucra la importación o exportación ilegal de mercancías, con agravantes como la cantidad o la naturaleza del producto. Las penas pueden ser de prisión de 6 a 12 años y multa hasta del doble del valor de la mercancía.

Las autoridades mencionaron un decomiso valorado en más de 7.639 millones de pesos y múltiples operaciones de contrabando; lo que significa que es probable que los imputados enfrenten condenas significativas si son encontrados culpables. Además, el hecho de que hayan sido sujetos a medida de aseguramiento privativa de la libertad indica la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que enfrenten un proceso judicial prolongado y complejo.

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal en Cali y Pasto dedicada al contrabando de calzado. Los implicados, incluido un funcionario de la Dian, organizaban la distribución ilegal de mercancía desde bodegas en Pasto. Empleados de transporte intermunicipal facilitaban el movimiento de productos desde Cali.

“Según la investigación, la organización criminal contaba con la participación de empleados de una empresa de transporte intermunicipal. Estos últimos se encargaban de recoger el calzado en la capital vallecaucana para luego llevarlo a Nariño”, indicaron en un comunicado desde el ente acusador.

El funcionario público obtenía pagos ilegales por información de operativos y asesorías, amenazando con cierres comerciales a quienes no cumplían. La operación fue alertada por autoridades estadounidenses. Los acusados enfrentan cargos por concierto para delinquir, usurpación de derechos y contrabando. Medidas cautelares incluyen detención carcelaria para dos acusados y domiciliaria para otro, mientras dos permanecen en libertad.