Ordenaron suspender frentes privados de seguridad móvil en Sincelejo: “Es volver a épocas del paramilitarismo”

La Superintendencia de Vigilancia ordenó la suspensión inmediata de las actividades de patrullaje llevadas a cabo por la empresa de seguridad privada Vipers Ltda en Sincelejo, Sucre. La medida fue dictada tras observar a hombres vestidos de negro y armados patrullando la ciudad, como parte de una estrategia de seguridad implementada por la alcaldía local.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, había contratado los servicios de seguridad móvil y fija con Vipers Ltda hasta diciembre de 2027, por un monto cercano a los 25.000 millones de pesos, con el fin de hacer frente a los actos criminales que venían registrando en la ciudad durante los últimos meses.

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“En aras de salvaguardar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con observancia de la normativa vigente aplicable para asegurar el respeto de los derechos y libertades de la comunidad”, indicaron desde la Superintendencia.

Y es que durante una inspección realizada a la empresa de seguridad privada Vipers Ltda, las autoridades detectaron que las actividades de patrullaje estaban excediendo las funciones propias de las fuerzas públicas destinadas al restablecimiento y conservación del orden público.

Fue a raíz de tal procedimiento que se adoptó la medida cautelar que suspende “todas aquellas que trasciendan a actividades exclusivas de la fuerza pública, relacionadas con el restablecimiento y/o conservación del orden público”.

“Teniendo en cuenta la visita adelantada y el acervo probatorio correspondiente, se impondrá medida cautelar de suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional.”, se menciona en el documento de la Superintendencia, en el que se resalta además que esta acción cumple con los cánones legales establecidos.

Y es que frente a la medida que había adoptado el alcalde de Sincelejo, el ministro de Defensa aseguró que las autoridades locales “debían desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”.

La época del paramilitarismo en Colombia se caracterizó por la existencia de grupos armados irregulares, principalmente conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este periodo abarcó principalmente desde finales de los años 1980 hasta mediados de los años 2000. Estos grupos surgieron inicialmente como fuerzas de autodefensa para proteger a terratenientes y empresarios de la violencia guerrillera. Sin embargo, rápidamente se involucraron en actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro.

Las AUC fueron responsables de numerosas masacres, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), alrededor de cinco millones de personas fueron desplazadas debido a la violencia paramilitar. Además, las estructuras paramilitares establecieron fuertes vínculos con políticos y miembros de las fuerzas armadas, infiltrándose en diversas esferas del poder público.

En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició un proceso de desmovilización de las AUC, que culminó en 2006 con la entrega de armas por parte de miles de combatientes. No obstante, a pesar de la desmovilización, muchos exparamilitares se agruparon en bandas criminales conocidas como “BACRIM”, que continúan afectando la seguridad y la justicia en Colombia.

A día de hoy, el legado del paramilitarismo sigue siendo un tema de gran debate y repercusión en la sociedad colombiana, con numerosas víctimas aun buscando justicia y reparación, De hecho, Sucre comprendió uno de los departamentos más afectados por esta problemática, que sembró terror en el país durante varios años.