Policías que simulaban allanamientos para quedarse con cargamentos de droga, fueron judicializados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación inició un proceso judicial contra seis miembros de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en la simulación de procedimientos de allanamiento con el objetivo de apropiarse de cargamentos de estupefacientes en el Caribe colombiano.

Las investigaciones apuntan a que estos policías, aprovechando sus funciones, alteraban la identificación de los vehículos oficiales, tras lo cual se desplazaban a puntos de acopio donde se almacenaba las drogas.

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Según la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de la Policía Nacional involucrados son los intendentes Gabriel Ochoa Arias y Arlinzon Córdoba, y los patrulleros Eduardo Ochoa Arias, Larry William Berg González, Víctor Alfonso Acevedo Rodríguez y Sammy Joel Palacio Mendoza. Estos funcionarios fueron detenidos en operativos realizados en Medellín (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena).

El comunicado de la Fiscalía señala que los “uniformados, al parecer, aprovechaban las funciones que desempeñaban para utilizar los vehículos oficiales que les eran asignados”.

Estos vehículos eran identificados con sistemas alterados para no despertar sospechas mientras se trasladaban a los “puntos de acopio de los alijos”. Una vez en el lugar, “haciendo uso de armas de fuego ingresaban e intimidaban a los ocupantes” haciéndoles creer que estaban llevando a cabo una orden judicial.

La Fiscalía General de la Nación imputó múltiples delitos a los seis policías involucrados. Entre ellos se encuentran “falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, peculado por uso, violación en habitación ajena por servidor público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, receptación; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”. Estos cargos no fueron aceptados por los acusados.

La Fiscalía ha desgranado cómo los procedimientos se llevaban a cabo. Los sospechosos alteraban los “sistemas de identificación y se trasladaban a los puntos de acopio de los alijos”. Al ingresar en los inmuebles donde se almacenaban las drogas, “intimidaban a los ocupantes haciéndoles creer que cumplían con una orden judicial”. Posteriormente, las sustancias incautadas eran vendidas a una estructura delincuencial.

Los uniformados realizaban estas operaciones principalmente en inmuebles ubicados en el Magdalena. La sustancia ilícita era arrebatada a “estructuras delincuenciales y narcotraficantes que delinquen en el Caribe”.

Los policías investigados deberán cumplir una “medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia”, según la decisión del juez de control de garantías.

En los últimos cuatro años, se ha registrado un incremento de casos de policías colombianos involucrados en delitos de narcotráfico y corrupción.

En noviembre de 2021, las autoridades colombianas desmantelaron una red de narcotráfico, en la cual cuatro policías fueron capturados. Esta organización ilegal estaba involucrada en el envío de cocaína a Europa y Centroamérica. En la operación, las autoridades lograron incautar nueve toneladas de cocaína. Uno de los voceros del operativo señaló que “la implicación de miembros de la policía en estas actividades ilícitas socava la confianza pública y pone en riesgo la seguridad nacional”.

En 2024, más de 500 policías han sido capturados por diversos delitos, siendo el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales algunos de los más prevalentes. Este aumento significativo de casos de corrupción dentro de la fuerza pública refleja una problemática profunda que afecta no solo al ámbito penal, sino también a la percepción de la ciudadanía sobre la integridad institucional.

Narcotráfico y corrupción son los delitos más comunes por los cuales los policías en Colombia son arrestados en la actualidad. La situación no solo expone las falencias internas del sistema, sino también la necesidad de una reforma integral dentro de la Policía Nacional.

En algunas de estas investigaciones, se ha descubierto que los policías envueltos en actividades ilegales utilizaban su uniforme y recursos institucionales para facilitar el transporte y ocultamiento de sustancias ilícitas.

De acuerdo con los datos, la participación de agentes en actividades delictivas es, en parte, consecuencia de su baja remuneración y la falta de incentivos para cumplir con su labor de manera honesta. Sin embargo, también se señala que “ninguna justificación puede ser aceptada para que los encargados de proteger a la ciudadanía se conviertan en violadores de la ley”.

El impacto de estos delitos no se limita a las fronteras colombianas. La conexión de estas redes con mercados internacionales como Europa y Centroamérica acentúa la dimensión global del problema. Según las autoridades, la cocaína incautada en la operación de 2021 tenía un valor aproximado de 400 millones de dólares en el mercado europeo, lo que indica la magnitud de las operaciones en las que estaban involucrados estos oficiales.