Gustavo Petro anunció que firmará la reforma pensional el 16 de julio en la plaza de Bolívar: “Habrá que poner buses”

El presidente Gustavo Petro anunció que sancionará la reforma pensional el martes, 16 de julio de 2024, en un evento público que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Durante el lanzamiento de los Puntos de Abastecimiento Solidario en Soacha, el mandatario destacó la importancia de esta reforma que fue aprobada en el Congreso de la República.

“Decidimos ampliar esos 230.000 pesos mensuales por persona, pero con la ley aprobada en el Congreso de reforma pensional lo vamos a extender a dos millones de ancianos y ancianas hoy sin pensión”, dijo Petro durante su discurso. Además, reveló que, de ser necesario, se dispondrán buses para que la tercera edad, que en su mayoría no recibe una pensión, pueda asistir a la firma del proyecto de ley

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“Que la firma de esta ley que está por firmarse por mí se haga la Plaza de Bolívar el16 de julio. Aquí veremos, habrá que poner voces a la Plaza de Bolívar de Bogotá, para que la tercera edad de Soacha, que la mayoría no recibe ninguna pensión y andan por ahí, pueda llegar a ver la firma de esta ley. (...) Y hay que concentrar esos programas, para que le lleguen a la vejez, que hoy no tiene recursos”, dijo.

La reforma pensional fue aprobada a mediados de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes con 86 votos a favor y 32 en contra. A esta iniciativa solo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley. Sin embargo, la oposición ha anunciado que acudirá a las altas cortes debido a lo que consideran vicios de trámite y falta de debate, un punto que ha generado controversia.

El presidente Petro defendió el proyecto y expresó que esta ley reconocería el trabajo de muchas mujeres que dedicaron su vida a levantar un hogar, esfuerzo que no se contabiliza a la hora de jubilarse. Enfatizó en la necesidad de “invertir en la vida de millones de ancianos y en el derecho de todo trabajador, si cumple los requisitos, porque la quieren ver convertida en utilidades de los banqueros”.

Entre las medidas destacadas en la reforma, se menciona la reducción de los grupos poblacionales que recibirán subsidios y el incremento de los montos otorgados, con el objetivo de sacar de la pobreza a más personas. Petro también mencionó la importancia de que el ahorro pensional no beneficie solo a unos pocos banqueros, sino a la población mayor y a los trabajadores.

El mandatario, además, subrayó que esta reforma permitirá asignar fondos públicos a quienes tenían el derecho de pensionarse tras trabajar toda su vida. “Esa ley que acabamos de aprobar es la verdadera construcción del Estado social de Derecho”, afirmó, y pidió a la Corte Constitucional que no se deje influenciar por quienes se oponen al proyecto.

Por su parte, el director del equipo de derecho Laboral de Brigard Urrutia, Camilo Mutis, señaló que debido a la naturaleza de la ley, la Corte Constitucional no realizará un examen automático de la reforma. “Se requiere que se presenten demandas de inconstitucionalidad”, indicó, citado por el diario económico La República, poniendo en relieve posibles desafíos legales que enfrenta la reforma.

La reforma ha sido fuertemente debatida tanto en el Congreso como en la opinión pública. Diversos actores políticos y sociales han expresado sus puntos de vista encontrados sobre los impactos a corto y largo plazo de los cambios propuestos en el sistema pensional del país.

Petro instó a la Corte Constitucional a considerar el bienestar de los trabajadores y la población de la tercera edad al revisar la ley aprobada. “Que la corte no escuche el canto de sirenas de los enemigos del pueblo”, afirmó, reiterando su llamado a que los recursos del ahorro pensional deben beneficiar a quienes han trabajado toda su vida y no a los intereses privados.

La firma de la ley en la Plaza de Bolívar representa un evento clave en la administración de Petro y un avance importante en sus promesas de campaña relacionadas con la justicia social y el bienestar de los ciudadanos. La expectativa ahora se centra en la respuesta de la Corte Constitucional ante las demandas presentadas y el impacto real que la reforma tendrá una vez entre en vigor en 2025.