Fiscalía abrió investigación por amenazas contra firmantes de paz en Caquetá

A través de una unidad especial de investigación, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación sobre los presuntos hostigamientos en contra de los firmantes de paz en Miravalle (Caquetá).

Esta decisión se dio tras la petición que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al ente acusador, en la que rechazó las amenazas que públicamente se han conocido en contra los firmantes de paz que se venían reincorporando a la vida civil en esa zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, y que los obligó a dejar el territorio para proteger sus vidas y las de sus familias.

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Y es que los antiguos integrantes de las extintas Farc, asentados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Centro Poblado Óscar Mondragón, se vieron forzados a desplazarse, truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Esto, “debido a las disputas territoriales por parte de grupos armados que nos dejan en medio de la zozobra, riesgo e incertidumbre”, según relataron los firmantes en un comunicado a la opinión pública.

Es por ello que el tribunal de paz solicitó, tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a las demás autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse.

“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado”, indicó la jurisdicción de paz.

De la misma manera, la JEP hizo un llamado especial al Gobierno para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios. En este proceso, la jurisdicción reiteró su compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto armado, con la seguridad jurídica de los firmantes de paz y con todo lo necesario para administrar y aplicar la Justicia Transicional Restaurativa.

En el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020 para proteger los derechos y la integridad de los comparecientes forzosos ante la JEP, la magistratura le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que, ante la grave situación de seguridad, recoja información que permita tomar decisiones de fondo para contener los riesgos que los firmantes de paz vienen reportando en su contra.

Como parte de este proceso judicial, la JEP ordenó a las autoridades estatales diseñar un plan de seguridad integral para los firmantes del acuerdo de paz en las nuevas áreas de reincorporación. Así mismo, tras escuchar a todas las instituciones con competencia para garantizar su seguridad, la Sección de Ausencia de Reconocimiento adoptó medidas cautelares de protección.

Todo esto, a partir de la información documentada en las audiencias desarrolladas por la JEP en Bogotá y en otras ciudades, que han permitido visibilizar la violencia sufrida por la población en proceso de reincorporación y que ha incluido estigmatización, homicidios, atentados contra su integridad, amenazas constantes contra su vida y sus bienes, entre otros.

En marzo de 2024, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP visitó el Etcr de Miravalle, para entregarle a medio centenar de firmantes del Acuerdo de Paz, integrantes de las extintas Farc, los certificados de las amnistías presidenciales otorgadas luego de 2016 y que para ese momento no les habían sido notificadas.

Dicha visita territorial tenía el propósito de hacer pedagogía con los firmantes para que tuviesen claridad sobre su estatus legal y garantizar su seguridad jurídica.