Demandaron diálogos del Gobierno Petro con la Segunda Marquetalia: Consejo de Estado admitió el proceso que pide anular la resolución

El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), en la cual se solicita la anulación de una resolución emitida por el presidente Gustavo Petro, la cual ha sido controvertida, ya que da vía libre a la negociación de paz entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez. Dicho grupo, que se separó del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, continúa con sus actividades delictivas.

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La demanda de la FEDe sostiene que el acuerdo de paz original prohíbe nuevas negociaciones con miembros de las Farc que reinciden en actividades delictivas después de su desmovilización. El acuerdo estableció que los excombatientes deben cumplir con sus compromisos para evitar la aplicación de la regla constitucional que impide dichas negociaciones con el Estado. Este marco legal fue reafirmado por el Congreso en la denominada ley de Paz Total de 2020.

A pesar de estas restricciones, el Gobierno nacional instauró la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia el 24 de junio del 2024. El acuerdo de paz estipula que las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como la Segunda Marquetalia, que reincidieron en actividades delictivas, deben someterse a la justicia y desmantelarse, prohibiendo nuevos acuerdos de paz con estas estructuras.

El Consejo de Estado deberá evaluar si la resolución del presidente Gustavo Petro incumple el acuerdo de paz original. Según la demanda, “otorgar estatus político a la Segunda Marquetalia podría contravenir las disposiciones legales y constitucionales vigentes,” establecidas en el acuerdo de paz y la ley de Paz Total de 2020. Esta regla, que prohíbe nuevas negociaciones de paz con excombatientes reincidentes, busca garantizar la integridad del proceso de paz y la rendición de cuentas de aquellos que se apartaron del compromiso de desmovilización.

La resolución que admite la demanda de la FEDe ha generado un debate significativo sobre la legalidad y las posibles consecuencias de las acciones del presidente Gustavo Petro. Las delegaciones involucradas en las negociaciones con la Segunda Marquetalia deberán tener en cuenta estas legalidades y las implicaciones que conlleva cualquier tipo de concesión política al grupo guerrillero.

Según lo resulto por el Consejo de Estado, el siguiente paso es la notificación de esta resolución a la parte demandante, en la forma que establece el sistema jurídico. Además, se informa que esta providencia será notificada personalmente tanto al presidente como al agente del Ministerio Público, conforme a lo estipulado en el inciso final del artículo 162 y el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En cumplimiento de los procedimientos previstos, se enviará una copia electrónica de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta acción garantiza que todas las partes involucradas reciban la información completa del caso.

La demanda también será trasladada a la parte accionada y al Ministerio Público para que puedan presentar sus respuestas en el plazo establecido. Además, se requiere a la autoridad demandada que entregue, durante el traslado, el expediente administrativo que contiene los antecedentes del acto acusado, conforme a lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 175 del Cpaca.

Este tipo de procesos judiciales tienen un impacto significativo en la comunidad. Por ello, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 171 del Cpaca, se ha decidido informar a la comunidad sobre la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción. Esta medida busca garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.

Hasta este punto, no se han divulgado más detalles sobre las razones específicas que llevaron a la Fundación para el Estado de Derecho a presentar esta demanda, ni sobre las posibles consecuencias que esta acción legal podría tener para el sistema político y administrativo del país.

El proceso judicial continuará con la recepción y análisis de las respuestas de la parte demandada y del Ministerio Público. En caso de encontrar irregularidades en la Resolución 064, podría derivarse en su anulación u otras medidas correctivas que considere la autoridad judicial competente.

Por ahora el presidente no se ha pronunciado.