Condenan las ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional: “Es una agresión al poder judicial”

La Academia Colombiana de Jurisprudencia condenó de forma “radical y absoluta” las presuntas interceptaciones ilegales a funcionarios de la Rama Judicial, en particular a Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, y a su equipo de colaboradores, a quienes expresó total solidaridad.

Este rechazo se produce tras la divulgación de supuestas ‘chuzadas’ telefónicas que habrían afectado a varios magistrados, quienes también han denunciado perfilamiento a familiares, seguimientos y monitoreos permanentes por parte de órganos de inteligencia del Estado.

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Al respecto, el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Juan Rafael Bravo, señaló que este tipo de incidentes “lamentablemente no son nuevos en el país”, y añadió que en el pasado se ha comprobado que estas acciones provienen de entidades o individuos con la intención de esquivar posibles afectaciones a sus intereses.

Bravo explicó que las interceptaciones constituyen “una agresión al poder judicial, con un objetivo previsible: amedrentar, sojuzgar y penetrar en la intimidad de los jueces”. Agregó que se busca intimidar a los magistrados, sabiendo que poseen “el poder que les da el control sobre los excesos del Legislador y del Gobierno, y de los propios jueces, para asegurar el funcionamiento correcto del Derecho y de la Justicia”.

Además, el presidente de la academia expresó la importancia de respetar a los funcionarios de la Rama Judicial y sus decisiones, mencionando en un comunicado dirigido a la opinión pública que “una vasta lista de conflictos se pacifica en las altas cortes, según sus competencias, a través de sentencias, dotadas de la fuerza de la cosa juzgada”. Destacó que, aunque estas decisiones no siempre son del agrado de los gobiernos o las partes involucradas, “el modelo constitucional exige una labor equilibrada y responsable por parte de los tres poderes públicos, sin indebidas interferencias”.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia subrayó la importancia de la autonomía y libertad de los jueces, quienes actúan bajo la Constitución, la ley y el derecho. Ante esta situación, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar cualquier ataque al órgano judicial, indicando que este tipo de actos podrían representar una seria amenaza al orden institucional y al Estado de derecho.

Finalmente, Bravo solicitó a entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación pronta y exhaustiva para identificar a los responsables y determinar el alcance de las presuntas interceptaciones y seguimientos. “Se deben tomar los correctivos necesarios e imponer las sanciones correspondientes a los responsables”, concluyó.

El jueves 27 de junio, se conoció que la Fiscalía acudirá a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de entrevistar a Jairo Arias Sandoval, director de Asuntos Jurídicos del tribunal de paz, que en días pasados envió una carta a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, denunciando ‘chuzadas’ en la JEP.

La finalidad de estas entrevistas es aclarar el alcance de la solicitud presentada por Arias Sandoval y determinar si las indagaciones deben ser gestionadas por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra investigando los supuestos seguimientos e interceptaciones en la Corte Constitucional.

Además, el procedimiento evaluará la posibilidad de integrar ambos casos dentro del mismo marco investigativo, siempre que se presenten pruebas suficientes.

En la misiva enviada a la Fiscalía, Jairo Ernesto Arias expresó preocupación por posibles intentos de interceptación de correos electrónicos en la JEP. Esta solicitud coincidió con una denuncia interna realizada por la magistrada Ana Caterina Heyck, que detalló en un documento de 23 páginas que su despacho sufrió recurrentes fallos en los sistemas de correo entre el 14 y el 28 de febrero de 2024.

Heyck reportó que no podía recibir correos electrónicos enviados por su asistente y que un magistrado auxiliar experimentó reiteradas dificultades para ingresar a su cuenta. Estos problemas añadieron urgencia a las indagaciones solicitadas a la Fiscalía, destacando un posible patrón de interferencia en las comunicaciones internas de la JEP.