Endurecerán las sanciones para quienes no dejen dormir a los vecinos: avanza en el Congreso la regulación contra la contaminación auditiva

El proyecto de ley antirruido avanza en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de combatir la contaminación acústica y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

La iniciativa llegó al Senado, tras superar dos debates en la Cámara con un significativo apoyo en diferentes sectores políticos, aunque enfrenta potenciales desafíos ante grupos de presión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por el Partido Verde Oxígeno, ha explicado que la propuesta busca implementar políticas públicas claras para reducir el exceso de ruido que afecta diariamente a millones de colombianos. “Lo primero es que obliga a la Nación, particularmente a los ministerios del Interior y de Ambiente, a dotarse de una política pública para manejar este tema”, indicó Carvalho en una entrevista con La FM.

El proyecto de ley establece claramente las responsabilidades de las entidades competentes para evitar la confusión actual entre los ciudadanos sobre a quién deben acudir para reportar problemas de ruido. Según Carvalho, “esto establece claramente quiénes son los responsables y cuál es la ruta de atención al ciudadano”.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el endurecimiento de las sanciones a los infractores, con el propósito de disuadir violaciones a las normas de convivencia sonora, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Daniel Carvalho enfatizó que esta legislación no solo aborda las áreas más ruidosas de las ciudades, sino también problemas cotidianos como los vecinos molestos en edificios residenciales.

La implementación de esta ley recaerá en el Gobierno nacional, que deberá definir los detalles específicos una vez aprobada la normativa. Daniel Carvalho explicó que se busca que autoridades competentes como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior jueguen un papel crucial en la ejecución y seguimiento de las nuevas regulaciones.

El proyecto también impone una obligación a los municipios de más de cien mil habitantes para que desarrollen un plan de gestión contra el ruido, reconociendo que son las autoridades locales las que lidiarán con este problema a diario, y lo incluyan dentro de sus políticas.

Carvalho destacó que “finalmente son las autoridades locales las que van a tener que lidiar diariamente con este tema, y de incluir el aspecto de la contaminación acústica”, enfatizando la importancia de este enfoque territorial.

El apoyo hacia esta ley ha sido amplio en las primeras etapas del Congreso, sin embargo, se anticipan obstáculos en el Senado, donde pueden influir los intereses de diversos grupos de presión. Daniel Carvalho señaló que estos desafíos hacen necesaria una defensa sólida y unificada de la legislación propuesta para asegurar su aprobación y su correcta implementación posterior.

El proyecto, encabezado por Julia Miranda Londoño, representantes a la Cámara por Antioquia (la segunda afiliada al Nuevo Liberalismo), fue presentado formalmente el 1 de agosto de 2023 en Bogotá ante el secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

El objetivo principal de la denominada ‘Política de Calidad Acústica en Colombia’ es “garantizar el bienestar y la sana convivencia de las personas y de los ecosistemas en un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido a través de estrategias, programas, proyectos, indicadores y la definición de un procedimiento para su evaluación”.

Los principales responsables de la formulación, implementación y evaluación de esta política son el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según Carvalho y Miranda la contaminación acústica en Colombia es un problema creciente que afecta tanto a las urbes como a las zonas rurales y marítimas. “El ruido es un subproducto de cualquier actividad humana, y su control y mitigación generan una serie de retos que deben ser abordados desde varios sectores y diferentes ámbitos del Estado”, destacaron.

El sector del transporte es identificado como una de las principales fuentes de contaminación acústica en el país, particularmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. La falta de una metodología y estándares claros para regular la emisión sonora de los automotores agrava la situación. Asimismo, se resalta que las edificaciones actualmente no cuentan con adecuados lineamientos de confort acústico, afectando la calidad de vida de los habitantes.

La ley también busca atajar la congestión judicial relacionada con demandas por ruido. “Actualmente cursan en contra del Distrito de Bogotá acciones populares por la problemática del ruido, principalmente por la proliferación desmedida y sin restricciones urbanas de establecimientos de comercio”, indicaron los autores. Los juicios enfocan a menudo la responsabilidad en la autoridad ambiental, omitiendo la necesidad de medidas estructurales y normativas que prevengan la problemática en su origen.

Para cumplir con los objetivos establecidos, la propuesta contempla una serie de sanciones y mecanismos de control. Las corporaciones autónomas y las autoridades ambientales deben desarrollar y ejecutar planes de descontaminación por ruido, mientras que los centros de diagnóstico automotor están obligados a realizar mediciones de ruido emitido por automóviles y motocicletas.

El documento también prevé la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política de Calidad Acústica, conformada por delegados de múltiples ministerios, con el fin de supervisar la implementación y evaluar los avances en la lucha contra la contaminación acústica.