Revelan conclusiones de primeras investigaciones sobre las chuzadas a magistrados de la Corte

Luego del revuelo que generó el anuncio de que teléfonos y comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente, fueron interceptados, desde la Inspección General de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se descartó que la entidad estuviera relacionada con los hechos.

De acuerdo con lo que se lee en el comunicado, la intención de la Inspección General es la de asegurar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se realicen de acuerdo con los Derechos Humanos y garantizando el orden constitucional.

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Por tal motivo, para la Inspección General “es claro que no existe habilitación legal para interceptar comunicaciones en el marco de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realice la Dirección Nacional de Inteligencia”.

Eso llevó a que, a través de la verificación 03 de 2024, y gracias a la información que recibió el director General del DNI, Carlos Ramón González, se investigara la “posible interceptación de comunicaciones dirigida a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de organismos de inteligencia, entre ellos, la Dirección Nacional de Inteligencia”.

Con el fin de verificar los señalamientos contra el DNI, la Inspección General revisó entre otras, las herramientas tecnológicas adquiridas por la entidad; como también, inspeccionó los locales de inteligencia ubicados en Funza y Bogotá, por lo que pudo determinar que no se cuenta con “equipos de interceptación a dispositivos de comunicaciones, tradicionales o encriptados”.

También, en la investigación se logró confirmar que no hay información relacionada con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que descartó “la presunta realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia en un edificio ubicado en la 92 con 11″ en Bogotá.

Como resultado, la Inspección General “descartó, dentro del límite de lo razonable, que la Dirección de Inteligencia hubiese tenido alguna participación en las presuntas interceptaciones”.

En cuanto a los señalamientos sobre posibles interceptaciones que se conocieron en medios de comunicación y que fueron realizados por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la Inspección General confirmó que abrirá una investigación, “misma situación se predica de los Altos Dignatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que han advertido idéntica preocupación”.

Otro de los temas que investigará la Inspección General está relacionado con el software de espionaje Pegasus, y la posible injerencia de la Dirección Nacional de Inteligencia en la adquisición del programa cibernético por parte del Gobierno nacional.

De acuerdo con lo que explicó la Inspección General, la investigación se argumenta en un artículo publicado por el periódico israelí Haaretz de marzo de 2024, en el que se relaciona la adquisición del programa a través de la empresa NSO Group por 13 millones de dólares.

En ese sentido, la Inspección General “adicionalmente, dispuso compulsar copias de dicha información ante la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”.

A través del comunicado, la Inspección General aseguró que realizará “de manera autónoma y dentro del marco de lo legal”, la supervisión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, “máxime cuando se trata de indagar sobre posibles seguimientos e interceptaciones a funcionarios de la Rama Judicial, pues tales actividades ilegales vulneran derechos humanos y socavan la independencia y respeto a la administración de justicia”.

En entrevista con Blu Radio, el director del DNI, Carlos Ramón González, aseguró que en el Gobierno de Gustavo Petro no han realizado interceptaciones ilegales, aunque no descartó que podría suceder, dado que funcionarios de gobiernos anteriores aún continúan con cargos en la entidad.

Por tal motivo, González garantizó a los magistrados y altos funcionarios que este tipo de prácticas no se están realizando.