Promesa que hizo el Gobierno Petro de reducir el precio de los servicios públicos seguirá sin cumplirse: esta es la razón

El Gobierno de Gustavo Petro reconoció el 27 de junio que la tan esperada reforma a los servicios públicos, que además de garantizar el mínimo vital, incluirá disposiciones sobre la estructura tarifaria, la mejora en la calidad del servicio, y políticas de sostenibilidad energética, aún está en fase de construcción, a pesar de haber sido anunciada hace un año.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, hizo el anuncio durante su participación en el segundo día del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), en Cartagena.

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“Aún no la hemos socializado del todo porque hemos venido haciendo los ajustes. El presidente nos ha pedido que hagamos una ley robusta”, mencionó el ministro al referirse a los motivos por los que la iniciativa todavía no se dio a conocer de forma completa. Según Camacho, que sería uno de los jefes de gabinete que saldría del cargo esta semana, el proyecto buscará garantizar el mínimo vital y definir claramente los deberes y derechos de los ciudadanos.

En rueda de prensa, el funcionario confirmó que el articulado de la reforma se redujo de manera significativa. “Pasamos de tener 200 artículos a unos 50 postulados en una nueva versión”, indicó el ministro. La reducción es parte de los ajustes que el equipo de Gobierno hace para presentar una propuesta más sólida.

El proyecto de ley aún se encuentra en proceso de ajustes y se espera que sea presentado durante la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio. Esta fecha será fundamental, ya que marcará el momento en que la iniciativa se someterá a consideración y debate en el Congreso de la República.

“La reforma es fundamental para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de los servicios públicos en Colombia,” añadió el ministro al dejar claro que la intención del Gobierno es crear un marco legal que responda de forma adecuada a las necesidades de la población y asegure la calidad de los servicios ofrecidos.

Durante su intervención, el ministro resaltó también la importancia de la participación ciudadana en el proceso de ajuste y socialización del proyecto. “La opinión de los ciudadanos es clave para construir una ley que verdaderamente cumpla con las expectativas y necesidades del país”, enfatizó.

Cabe mencionar que la reforma a los servicios públicos es una promesa de campaña del presidente Petro, quien insistió en la necesidad de una regulación más equitativa y eficiente. Es así que el Gobierno trabaja en la elaboración de una ley que no solo beneficie a todos los ciudadanos, sino que también se ajuste a los estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

En febrero de 2024, se filtró un borrador de una propuesta que busca reformar la regulación de los servicios públicos en el país, lo que suscitó un intenso debate sobre la intervención estatal en dichos servicios. En el documento se establece que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”. La revelación planteó inquietudes respecto al impacto que podría tener en la estructura regulatoria existente.

Por eso, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, expresó en ese entonces su oposición a la propuesta. Según Sánchez, el proyecto “desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”. Resaltó la importancia de la regulación actual, que permite una participación equitativa de empresas públicas, privadas y mixtas, lo que ha sido crucial para el éxito del modelo vigente.

Sánchez también manifestó su descontento con la manera en que se gestionó hasta ese momento el proceso de reforma, por lo que indicó que se había estado trabajando hacia una construcción concertada del proyecto. Sin embargo, apuntó que la última versión del texto seguía ignorando aspectos fundamentales señalados por el gremio.

“Se estaba avanzando en una posible construcción de manera concertada del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, pero al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales”, añadió.

Y es que la propuesta presentada en el borrador otorga al presidente la potestad directa para regular los servicios públicos, una medida que ha generado controversia. Tanto en medios como en sectores implicados, se debate sobre el grado de intervención que debería tener el Estado en manejos que actualmente son mixtos.

En la actualidad, el modelo regulador del país permite una coexistencia de diferentes tipos de empresas en el ámbito de los servicios públicos. Sánchez sostiene que esta diversidad es fundamental y que cambiar la regulación podría generar desequilibrios. “Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, afirmó. Las reglas actuales, defendidas por Andesco, buscan garantizar la competencia y la calidad del servicio, factores que podrían verse comprometidos con una mayor intervención estatal.

La preocupación principal radica en que el cambio propuesto podría centralizar la regulación de servicios públicos, reduciendo la capacidad de otros actores para influir y participar en el proceso. Según el borrador, esta centralización recaería en manos del presidente de la República, lo que algunos interpretan como un retroceso en términos de transparencia y participación democrática. Camilo Sánchez destacó que “se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado”.