Inspector de Policía fue imputado por la Procuraduría por exigirle dinero a constructores para autorizar las obras

La Procuraduría General de la Nación informó que formuló un pliego de cargos contra Hugo Gerardo Bonilla Córdoba, quien se desempeñó como inspector de Policía en Pitalito, Huila, en el periodo 2020 - 2024.

Se le acusa de supuestamente solicitar dinero para evitar el cierre de una obra de construcción. Según la entidad de control, el exfuncionario habría aprovechado su posición para actuar de forma “inescrupulosa y reprochable”.

La Procuraduría Provincial de Garzón indicó que Hugo Gerardo Bonilla Córdoba presuntamente utilizó su posición como inspector de Policía para pedir un millón de pesos a la dueña de una casa que estaba siendo remodelada.

Según la información, Bonilla Córdoba se habría amparado en supuestas discrepancias entre los planos aprobados y las obras realizadas para justificar su exigencia de dinero.

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Según el órgano de control, el funcionario investigado habría desvirtuado la integridad de su cargo al solicitar dinero a cambio de evitar el cierre de una obra.

Esta acción, calificada como deshonesta y criticable, habría comprometido la moralidad y transparencia necesarias en la conducta de los servidores públicos, utilizando su posición para beneficio personal.

“Para proceder de manera inescrupulosa y reprochable al poner en venta su propia función mediante solicitud dineraria, a cambio de no ordenar el cierre o sellamiento de la obra, con un claro desmedro a la moralidad y transparencia que deben reinar en la conducta de los servidores públicos”, comentó el Ministerio Público en su comunicado.

En ese sentido, la entidad indicó que, a través de su supuesta conducta, el inspector de Policía de ese momento se desvió de sus responsabilidades oficiales, incumpliendo con el marco de sus deberes. En lugar de ello, habría incurrido en presuntas prácticas corruptas, demostrando improbidad y falta de transparencia en el ejercicio de su cargo.

Debido a estos hechos, el Ministerio Público determinó que el funcionario investigado transgredió el principio de moralidad. Además, calificó su supuesta conducta como una falta gravísima, la cual habría sido cometida con intencionalidad y pleno conocimiento de sus acciones.

Y es que, a principios de año durante un operativo realizado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía en Pitalito, Huila, fue arrestado Hugo Gerardo Bonilla Córdoba, abogado e inspector de Policía del municipio.

En aquel momento, las acusaciones en contra de Bonilla Córdoba indicaron que solicitó un millón de pesos a un residente del municipio para no cerrar una obra en construcción. La persona afectada por esta supuesta extorsión, considerando el acto como injusto, decidió no pagar y denunció la situación ante las autoridades correspondientes.

La denuncia desencadenó una investigación que llevó a la detención del funcionario mientras presuntamente aceptaba el dinero exigido. Hugo Gerardo Bonilla Córdoba, quien había estado al frente de la inspección de Policía en Pitalito desde 2020, fue puesto a disposición de las autoridades fiscales para enfrentar las audiencias preliminares pertinentes.

En otra de las acciones recientes de la entidad, la Procuraduría General de la Nación dispuso la iniciación de una investigación preliminar sobre ciertos funcionarios aún por determinar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta acción se debe a las sospechas de un ingreso tributario reducido durante el periodo de enero a mayo de 2024.

La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública informó que, según las cifras disponibles, la diferencia en el recaudo de impuestos podría exceder los 12 billones de pesos. Diversos análisis indican que el ingreso tributario bruto de Colombia entre enero y abril de 2024 presentó un déficit cercano a los 10.98 billones de pesos respecto a la meta establecida para dicho periodo.

Asimismo, indicó que se evaluarán los reportes de distintos medios de comunicación que han revelado una caída del 10,3% en el recaudo tributario. Este descenso, comparable solo con el registrado en 2010 durante el mismo lapso, se atribuyó en aquel entonces a una severa crisis financiera global.