Ministro del Interior desestimó presencia de las disidencias de las Farc en Barranquilla: “Se intenta armar un grupo, pero no significa que sea cierto”

A mediados de junio, la Fiscalía General de la Nación alertó a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la posible creación de un frente de las disidencias de las Farc en la ciudad.

La información de la entidad investigativa revela que la alerta fue enviada por un funcionario de la Policía Judicial en Bogotá al comandante de la Policía en Barranquilla, general Gerbert Benavidez. Esta advertencia surgió tras investigaciones sobre grupos disidentes, liderados por alias Iván Mordisco, que operan en los departamentos de Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar.

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El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, abordó esta situación después de liderar una reunión de la Comisión Intersectorial para las alertas tempranas. “Se intenta armar un grupo de la disidencia de las Farc; eso no significa que sea cierto, pero no podemos simplemente quedarnos tranquilos”, expresó Velasco.

Además, el jefe de la cartera del Interior explicó en una intervención para medios de comunicación que la reunión tuvo como objetivo analizar el informe de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para prevenir posibles ataques. “Esto es adelantarnos”, señaló, justificando la necesidad de la reunión con la Gobernación, las alcaldías, la Policía y militares.

Velasco subrayó que su presencia en Barranquilla no implica una reacción a hechos ya ocurridos, sino una revisión de informes de inteligencia y alertas para estar preparados ante cualquier intento de ataque: “Informes de inteligencia hay muchos (...) Que estemos hoy acá no significa que vengamos a reaccionar frente a hechos ya ocurridos. No, venimos a revisar informes”.

La alerta temprana fue emitida por el CTI de la Fiscalía tras informar al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la conformación del frente urbano de las disidencias de las Farc, comandado por Iván Mordisco.

Según las investigaciones, en lo corrido del 2024 se ha venido gestando el frente Urbano Martín Caballero, del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc en Barranquilla, liderado por el cabecilla alias Aldemar Ríos. Este grupo, decía la alerta de la Fiscalía, tiene planeado ejecutar varios atentados terroristas en la ciudad, específicamente contra instalaciones y personal de la Policía Nacional en la estación del barrio Carrizal.

Por su parte, el 20 de junio, la Defensoría del Pueblo realizó una mesa de garantías junto con la Gobernación del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y representantes de la sociedad civil. El objetivo central de este encuentro fue prevenir violencias contra líderes sociales, así como a la población en general del departamento, en respuesta a las amenazas que se han presentado en el territorio.

En esta subregión, la Defensoría del Pueblo ha identificado un dominio del conflicto fluctuante. Allí convergen múltiples grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado. Un rasgo característico, que ha estado presente en la historia, es la consolidación de los paramilitares, ahora de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el establecimiento de su control hegemónico.

En la zona Caribe de Colombia, los grupos armados ilegales, como las AGC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y facciones disidentes de las antiguas Farc-EP, incluyendo el Estado Mayor Central (EMC), se benefician principalmente del narcotráfico, ya que la región es una importante ruta para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales. Además, extorsionan a comerciantes, transportadores y a la población civil en general, y participan en actividades ilegales como la minería ilegal y la deforestación para la explotación de recursos naturales.

La trata de personas y el tráfico de migrantes también son fuentes de ingresos para estos grupos, utilizando la región Caribe como punto de paso hacia otros destinos. La pesca ilegal es otra fuente de financiación emergente, con grupos armados que controlan o extorsionan a pescadores locales para obtener beneficios económicos.

De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, se han emitido 38 alertas tempranas en esta región: 17 para Bolívar, 4 para Cesar, 4 para Atlántico, 4 para Magdalena, 4 para Sucre, 3 para La Guajira y 2 para San Andrés.