La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó la compra de inhibidores de señal para drones con el fin de contrarrestar los ataques realizados por grupos armados ilegales en la región. Este esfuerzo busca mitigar los 25 incidentes registrados en lo que va del año en el suroccidente del país, donde disidentes y guerrillas han empleado drones para hostigar a la fuerza pública y a la población civil.
Toro declaró que el proceso de adquisición de estos equipos se realizará de manera urgente y dependerá de las especificaciones técnicas que proporcionen las instituciones armadas: “Ya estamos en ese proceso de que el Ejército y la Policía vean cuál es el aparato tecnológico más idóneo para poder comprarlo, y lo vamos a comprar por emergencia nosotros, porque no podemos esperar a que nos lo compren desde el Ministerio, ahí sería esperar quién sabe cuánto tiempo, mientras nos estén tirando granadas desde un dron y eso afecte a nuestra población civil”, según palabras de la gobernadora.
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Igualmente, la mandataria explicó que el departamento utilizará sus propios recursos para la compra de estos dispositivos y no esperará la ayuda del Ministerio de Defensa, subrayando la necesidad inmediata de contar con esta tecnología para proteger tanto a uniformados como civiles.
El incremento en el uso de drones por parte de grupos al margen de la ley ha transformado la dinámica del conflicto armado en Colombia. Estos dispositivos tecnológicos pueden lanzar granadas explosivas desde el aire, con una duración de operación de 30 minutos y un rango de hasta tres kilómetros de operación. Los drones tienen la capacidad de interceptar y neutralizar señales de drones, que han sido utilizados por guerrillas y disidentes para lanzar granadas explosivas.
El uso de drones en el conflicto colombiano no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia con el recrudecimiento de las hostilidades. Asimismo, el impacto de los drones en el conflicto es tal que algunos frentes guerrilleros, como el Frente Comuneros en Nariño, han formado equipos especializados de “droneros”. Estas novedades reflejan un cambio significativo en las tácticas utilizadas en la guerra colombiana. En respuesta, la fuerza pública comenzó a desarrollar protocolos y adquirir tecnología para enfrentar esta amenaza.
Además, Kevin Murakami, director de la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, confirmó que EE. UU. asistirá a Colombia proporcionando tecnología moderna para combatir los ataques con drones. Este soporte internacional se considera vital para fortalecer las capacidades de la fuerza pública colombiana.
Además del respaldo tecnológico, los mandatarios locales, entre ellos el alcalde de Cali, Alejandro Éder, han abogado por una mayor inversión por parte del Gobierno central para fortalecer a las fuerzas de seguridad. “Estamos trabajando para montar estos implementos de defensa contra los drones, pero también tiene que venir desde la fuerza pública y el Gobierno nacional y sobre todo mayor contundencia contra los ilegales”, reiteró el mandatario caleño.
En adición, los funcionarios exigieron acciones más contundentes y recursos suficientes del gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar esta nueva modalidad de conflicto. Estos acontecimientos ponen en evidencia las tensiones entre los líderes regionales y el gobierno central, a quienes se les ha exigido una respuesta más firme ante el incremento de ataques con drones. Las autoridades buscan así equipar a las fuerzas de seguridad con las herramientas necesarias para proteger a la población y garantizar su seguridad.