Supuesto entrampamiento contra líderes guerrilleros no se tendrá en cuenta en mesa de diálogo con disidencias

El lunes 24 de junio de 2024, el Gobierno nacional retomó los diálogos de paz con las disidencias de las Farc, conocidas como la Segunda Marquetalia, en Caracas, Venezuela. Este se convierte en el tercer proceso que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con organizaciones al margen de la ley, amparado bajo la política de la Paz Total.

Pero, un detalle llamó la atención en estas nuevas conversaciones, pues Iván Márquez, jefe de las disidencias, declaró que la organización criminal abandonó el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 debido a un supuesto entrampamiento judicial contra líderes de la guerrilla.

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Por su parte, Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno de Petro, afirmó que esta postura no será válida en la mesa de diálogo y que no justifica el alzamiento armado que ocurrió en 2019.

Márquez argumentó que el entrampamiento judicial fue la razón principal que llevó a varios jefes guerrilleros a abandonar el tránsito a la legalidad y optar por rearmarse: “Han transcurrido casi cinco años desde el lanzamiento de esta nueva insurgencia en respuesta al incumplimiento y la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana y al entrampamiento judicial al genial vocero guerrillero en la mesa, Jesús Santrich”.

El líder guerrillero agregó que se planearon ataques contra miembros de la Segunda Marquetalia, incluyendo un operativo militar del batallón La Diosa del Chairá, que tuvo la intención de asesinar a Óscar Montero, conocido en el mundo criminal como El Paisa, y al propio Márquez en la región de El Pato.

Márquez también reconoció que los líderes guerrilleros Jesús Santrich, El Paisa, Romaña e Iván Merchán fueron dados de baja durante el conflicto, lo que, según él, justificó la rebelión armada como un derecho legítimo: “Consideramos, además, en medio de esas circunstancias, que nada se quería hacer por avanzar en la superación de las causas históricas del conflicto y que era válido ejercer una vez más el derecho a la rebelión contra el orden social vigente”.

Sin embargo, Novoa indicó que esta postura es inadmisible en las negociaciones, al explicar que “no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas”, pues resaltó que dicho criterio limita el conflicto a una disputa entre el Estado y los firmantes del acuerdo, ignorando a las comunidades y la sociedad en general.

Ante los señalamientos de Iván Márquez, Armando Novoa enfatizó que las causas del abandono del acuerdo de paz deben ser tratadas en un marco judicial adecuado y no en el contexto de las negociaciones actuales, dado que “el tema del incumplimiento y del famoso entrampamiento es un asunto de naturaleza judicial en donde tendrán que intervenir las autoridades competentes”, pues destacó que este proceso debe ser gestionado por entidades como la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Nosotros no compartimos ese criterio porque ese criterio tiene varios problemas; entre otros que en el fondo lo limita a un pleito entre el Estado y los firmantes del acuerdo que se encuentran en esta agrupación, dejando de lado toda consideración sobre la sociedad y las comunidades que deben ser protagonistas en estos procesos de paz”, agregó Novoa.

En cuanto al Acuerdo de Paz de La Habana, el jefe negociador destacó que “el Gobierno ha sido claro en el sentido de que la implementación del acuerdo de 2016 no se ha llevado a cabo de la mejor manera y ha llamado la atención sobre la necesidad de que lo que se llame el acuerdo político y social de carácter nacional incorpore en uno de sus aspectos vertebrales precisamente esta materia”.

Por ahora, tanto el Gobierno nacional como los delegados de las disidencias de las Farc compartirán el próximo 29 de junio las conclusiones de la primera ronda de negociación.