La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por supuestas irregularidades que habría cometido con la suscripción del contrato del call center (Centro de Atención Telefónica) instalado para atender emergencias por covid-19.
De acuerdo con el Ministerio Público, también deberán responder el exdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento César Augusto García Durán, y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020.
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Según el informe de la Procuraduría, los tres implicados en este proceso disciplinario deberá responder por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, porque “ninguno de los involucrados cumplió con su deber de verificar el contrato”. El departamento desembolsó aproximadamente trece millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos ($13.956.250) mensuales por un servicio que no fue prestado, suma que se pagó durante toda la vigencia del contrato.
El contrato, con un plazo de ejecución inicial de tres meses, contaba con un presupuesto de setecientos cuarenta y dos millones ochocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos ($742.871.250) y fue firmado con Advance Technologies & Solutions Groups SAS. Esta empresa, con NIT 900.324.056-8, tiene como representante legal a Viviana Ojeda Bernal.
En el punto referido al presunto aporte de recursos por parte del contratista del contrato número 541 de 2020 a la campaña de Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado para la Gobernación de Santander, período 2020-2023, no se halló ninguna relación.
Esto queda establecido, según el oficio adjunto al expediente, con fecha 30 de julio de 2021, remitido por el Consejo Nacional Electoral, en el cual se incluyó una copia del informe de ingresos y gastos de la campaña de Aguilar Hurtado, así como la lista de donantes y contribuyentes.
La Procuraduría concluyó que no existe mérito para continuar con la actuación en este caso.
Respecto a la reclamación sobre la suscripción del contrato mediante selección pública en lugar de contratación directa, la Procuraduría indicó que el gobernador Mauricio Aguilar declaró la Urgencia Manifiesta a través del Decreto 206 del 20 de marzo de 2020 “para atender la situación del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia de covid-19″.
Además, se verificó que la entidad suscribió el contrato según las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, alineándose con la declaración de calamidad pública o desastre según la Ley 1523 de 2012 y la urgencia manifiesta según el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
En relación con los posibles sobrecostos en el proceso, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de Santander coincidieron en que, debido a las características específicas del servicio y la falta de proveedores que cumplieran con las condiciones establecidas, no fue posible cuantificar ni calificar la medición y estudio de mercado. Sobre el valor de cada llamada atendida, no se pudo determinar si hubo sobrecostos, motivo por el cual también se concluyó que “no existe mérito para continuar la actuación en este particular”.
Finalmente, la Procuraduría decidió la terminación del proceso disciplinario y ordenó el archivo de la actuación disciplinaria.
Los hechos
El 25 de marzo de 2020, César Augusto García Durán, director de Gestión del Riesgo, asignó la supervisión del contrato número 541 de 2020 a Sergio Orlando Ferro Dávila.
El 16 de abril de 2020, Viviana Ojeda Bernal, Gerente Administrativa y representante legal de ADVANCE TECHNOLOGIES & SOLUTIONS GROPUS SAS (Atek Group), envió un documento al supervisor del contrato. Este documento detalla los componentes de la propuesta, incluyendo la contratación de dos epidemiólogos, dos médicos y dos coordinadores de call center especializados, con un costo de $167.475.000.
El 23 de junio de 2020, García Durán firmó un otrosí al contrato, extendiendo el tiempo de ejecución en dos meses y aumentando el valor en $472.247.500.
Posteriormente, García Durán suscribió otro otrosí sin fecha visible, que prorrogó la ejecución en cuatro meses y sumó $944.095.000 al contrato.
Por presuntas irregularidades en la contratación, el Ministerio Público formuló cargos contra García Durán, Ferro Dávila y Nathaly Arenas Jaimes, Asesora Jurídica de la Gobernación de Santander durante la administración de Mauricio Aguilar Hurtado.
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