En la mañana del miércoles 26 de junio de 2024, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, llevó a cabo una inspección a la Fundación Caminos Reales, lugar en el que permanecían 65 personas que buscaban rehabilitación y que ha sido blanco de críticas en las últimas semanas por los presuntos actos de tortura que allí se habrían registrado.
Una vez culminó su visita, el funcionario pidió a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital vallecaucana la clausura total de la fundación, de la que, aseguró, mantiene a sus beneficiarios en condiciones “infrahumanas e indignantes”.
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De hecho, Mendoza Castrillón explicó que las instalaciones de Caminos Reales violan la dignidad de los pacientes que buscan un mejor futuro, explicando que el lugar es similar a un centro penitenciario. Además, el funcionario pidió a la Fiscalía investigar los presuntos actos de violencia que se habrían registrado en su interior.
“Salgo triste de este sitio que más parece una cárcel que uno de rehabilitación, donde se siente un estado de zozobra en el que presuntamente se cometieron hechos violentos, que tiene que ser motivo de esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación”, comentó el personero caleño en una salida a medios.
Y es que Mendoza Castrillón ya había denunciado actos de tortura en la fundación Caminos Reales ante la Fiscalía General de la Nación, solicitud que, explicó, ya cuenta con número de radicación y despacho de fiscal asignado. Incluso, indicó que hay evidencias sólidas de violencia, maltrato y tortura, al que fueron sometidas personas en estado de vulnerabilidad, que no pueden concebirse como garantía a los Derechos Humanos.
“Como personero no puedo permitir que funcionen esta clase de espacios indignantes, pues el ente de control que represento defiende los derechos de todos, máxime si está en vilo la salud y la vida, anotando que puede considerarse mejor el hacinamiento carcelario que he venido denunciando semanas atrás, y, por tanto, en buen momento la intervención para que continúe cerrado y no siga prestando servicios de tortura y maltrato, que reitero deben ser esclarecidos con celeridad por parte de la Fiscalía”.
El funcionario recalcó además que el representante legal de la fundación Caminos Reales jamás se ha presentado ante los organismos encargados a explicar lo que sucedió en sus instalaciones, a pesar de que las autoridades han intentado establecer contacto con él en reiteradas ocasiones.
De igual forma, Mendoza Castrillón fue claro en que la Policía Nacional ya cerró la fundación días atrás; sin embargo, lo que piden desde la Personería es la clausura total de la misma “bajo las facultades que le asisten a la inspección de Policía, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Justicia”.
“La Ley 1801 de 2016 establece que en este tipo de situaciones debe cerrarse estos espacios para que no haya alteración, manipulación y ocultamiento de material probatorio”.
Una mujer habría muerto al interior de la fundación
Es imperativo destacar que para mediados de junio, las autoridades denunciaron la muerte de una mujer de 29 años que había permanecido en la fundación cerca de 60 días. Según explicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, “se pudo establecer que la mujer había sido remitida desde una fundación de rehabilitación del barrio Terrón Colorado, en el sector Montañitas”.
Una vez se conoció la situación, el personero Mendoza Castrillón comentó que “como quiera algunos han sido consumidores de sustancias psicoactivas o en condición de calle, que han llegado en la búsqueda de una esperanza o un espacio para rehabilitarse, pero no a un lugar de tortura o de lesión en sus vidas”.