“Mientras Sanitas reportaba pérdidas, aumentaba sus gastos administrativos de manera injustificada”: Supersalud en hallazgos de intervención

La Superintendencia de Salud divulgó los primeros hallazgos tras la intervención de la EPS Sanitas. Esta entidad fue intervenida a principios de abril, debido a su incapacidad de cumplir con indicadores clave como reservas técnicas y capital mínimo.

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, señaló en un video en redes sociales un incremento en gastos operativos sin justificación. Indicó que Sanitas, con más de cinco millones de afiliados, tuvo gastos de $104 mil millones en centros médicos y hospitales, inversiones que corresponden a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y no a la EPS. Leal destacó que esto representa un caso de integración vertical, asumiendo costos que no competen a Sanitas.

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Además, se encontraron 64 contratos de arrendamiento con un costo de 56 mil millones anuales y mejoras por 800 mil millones en inmuebles, informó el Superintendente. En cuanto a las contrataciones de servicios de salud, el 76% se realizaba “por evento”, modalidad criticada por incentivar un mayor volumen de procedimientos en lugar de centrarse en la calidad de los servicios.

La intervención de Supersalud a la EPS Sanitas encontró que la prestadora de salud se ve restringida en la gestión de medicamentos debido a un contrato exclusivo firmado con un operador logístico por quince años. Esta situación impide a la EPS suministrar, dispensar o abastecer medicamentos a sus afiliados de forma directa o a través de otros proveedores, a menos que el contratista lo permita temporalmente.

Según un comunicado de la Superintendencia Nacional de Salud, dicho contrato incluye la posibilidad de subcontratar con otros operadores y delega la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Esto limita significativamente la capacidad operativa de Sanitas en la distribución de medicamentos e insumos médicos.

La Superintendencia también reveló la falta de una descripción adecuada de la población afiliada y debilidades en los reportes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Además, mencionó que existían contratos innecesarios, según Leal, como el de Andrés Murcia Vargas Asociados, que no traían beneficios a la EPS, aunque no se proporcionaron más detalles al respecto.

La intervención de Supersalud a la EPS Sanitas encontró que la prestadora de salud se ve restringida en la gestión de medicamentos debido a un contrato exclusivo firmado con un operador logístico por quince años. Esta situación impide a la EPS suministrar, dispensar o abastecer medicamentos a sus afiliados de forma directa o a través de otros proveedores, a menos que el contratista lo permita temporalmente.

Según un comunicado de la Superintendencia Nacional de Salud, dicho contrato incluye la posibilidad de subcontratar con otros operadores y delega la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Esto limita significativamente la capacidad operativa de Sanitas en la distribución de medicamentos e insumos médicos.

La Superintendencia Nacional de Salud intervino el 2 de abril de 2024 a la EPS Sanitas tras encontrar deudas que superaban los 2 billones de pesos, lo que llevo a la empresa a un patrimonio negativo de mas de 68.000 millones de pesos. En consecuencia, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la entidad de control en respuesta a la tutela interpuesta por Sanitas. La intervención se fundamentó en el incumplimiento de indicadores financieros y un volumen elevado de quejas, reclamos y peticiones contra la EPS.

En la tutela interpuesta por Clínica Colsanitas SA, Medisanitas, Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas, Keralty y Juan Pablo Rueda, se solicitaba una “procedencia excepcional del amparo constitucional en contra de actos administrativos” de la Superintendencia. No obstante, el tribunal dictaminó que Sanitas no está legitimada en la causa y no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, además de no haber acreditado un perjuicio irremediable.

A comienzos de abril, Juan Pablo Currea, representante legal de Sanitas, presentó una queja disciplinaria contra la Superintendencia de Salud y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría en la intervención. Currea argumentó la existencia de anomalías en el acto administrativo y acusó al ente de control de actuar de manera desproporcionada, discriminatoria y arbitraria, sugiriendo una posible expropiación.

Currea solicitó una reunión prioritaria con el equipo de trabajo de la Superintendencia para exponer las observaciones y alegó una falsa motivación en la intervención, considerando que los problemas financieros de Sanitas no afectan directamente la garantía del derecho a la salud de los afiliados.