El Gobierno del presidente Gustavo Petro restableció las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a finales de 2022, en un esfuerzo por poner fin a un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. Este proceso es parte de una estrategia más amplia que incluye negociaciones con otras guerrillas y una oferta de sometimiento a bandas criminales.
Sin embargo, el ELN expresó que las conversaciones de paz “atraviesan por una grave crisis producida por incumplimientos de acuerdos por parte del Gobierno”. Pese a esto, en mayo, desde la capital de Venezuela, Caracas, las delegaciones lograron ponerse de acuerdo para firmar el primero de los seis puntos de la agenda de diálogos, sobre la participación de la sociedad. El ELN celebró recientemente su VI Congreso, reafirmando su compromiso con la paz, pero con su decisión de no avanzar hasta que no se rectifiquen los incumplimientos.
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Hasta ahora, no se han logrado acuerdos concretos más allá de incluir a la sociedad civil en las negociaciones, a pesar del apoyo de países garantes como México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile.
No obstante, en un comunicado fechado del 26 de junio, la delegación de paz del Gobierno en la Mesa de Diálogos con el ELN denunció violaciones al Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (Cfbnt) vigente con el grupo guerrillero.
Informaron que Anderson Hernández Villar, un policía de 38 años oriundo de Bucaramanga, fue encontrado muerto en el municipio de Arauquita, Arauca. El oficial había sido secuestrado el 18 de mayo en la frontera con Venezuela mientras visitaba a su padre. Pese a que inicialmente no se conocía quiénes habían perpetrado el secuestro, la delegación de paz del Gobierno confirmó que el responsable fue el grupo guerrillero del ELN.
“En primer lugar, en el día de ayer (25 de junio de 2024) se conoció que el subintendente de la Policía Nacional, Anderson Alberto Hernández Villar, fue asesinado y su cuerpo hallado en el área de ‘Los Almendros’ en Arauquita. El subintendente habría sido secuestrado por el ELN en el estado Apure de la República de Venezuela”.
“Nuestra delegación expresa condolencias a su familia y a la Policía Nacional”, señaló el equipo negociador del Estado colombiano.
El comunicado también señaló que el Ejército colombiano rescató a dos menores que habían sido reclutados por la guerrilla del ELN durante una operación contra la extorsión y el secuestro en una zona rural del municipio de Labranzagrande, en el departamento de Boyacá.
Se trató de dos menores de edad, una niña y un niño de 13 y 16 años, respectivamente, que se encontraban en peligro inminente. La institución militar informó que la operación se llevó a cabo en la vereda Guayabal, donde los uniformados, durante un allanamiento, fueron atacados por guerrilleros del frente José David Suárez.
Durante la operación, las autoridades incautaron armas largas, un arma corta, proveedores para fusil y pistola con munición, material de intendencia y equipos de comunicaciones. Además, se destruyeron cuatro minas antipersonales.
Cabe resaltar que, el Gobierno colombiano y el ELN tienen vigente un cese al fuego bilateral que finaliza el 3 de agosto de 2023, pese a que los diálogos han estado en pausa, sin un nuevo ciclo de conversaciones en casi medio año, debido a lo mencionado anteriormente.
“Nuestra Delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese al fuego; los informará al Mecanismo de Monitoreo y Verificación -MMV. De igual modo, reitera que, ante la nueva prórroga del cese al fuego, se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil, así como lograr el funcionamiento eficaz de este mecanismo (sic)”, se lee en el comunicado.