Fiscalía imputaría cargos a funcionarios de la Agencia Nacional de Minería por presunto cartel de títulos mineros

El próximo 8 de julio de 2024, se haría una imputación de cargos contra funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, así como a trabajadores del sector privado, por presuntamente hacer parte de un cartel de minería, el cual se ha venido investigando por parte de las autoridades.

De acuerdo con el abogado Pedro Ospino Polo, la audiencia se llevará a cabo en Barranquilla, en el juzgado Séptimo Penal municipal con funciones de control de garantías. La solicitud de imputación de cargos se realizó hace más de un año, pero se ha aplazado por presuntas acciones dilatorias de los acusados.

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“El representante legal de Ultracem y varios de sus trabajadores por medio de maniobras por fuera de la ley, al parecer, se habrían apropiado de manera irregular de títulos mineros que no le correspondían, entre las investigaciones se evidencia la participación de funcionarios de la Agencia Nacional Minera que al parecer recibieron favores o dádivas a cambio de la entrega irregular de títulos, motivo por el cual también serán llamados a imputación de cargos”, indicó Ospino Polo.

Y agregó: “La Fiscalía tiene todo el material probatorio para demostrar que se están haciendo de manera irregular a títulos mineros y por eso podrían terminar en la cárcel, ahora cuando están al descubierto y serán llamados ante la justicia para que respondan por sus actuaciones, intentan hacerles el quite a los jueces del país, alegando medidas dilatorias que solo buscan impunidad”.

Según la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios involucrados son Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández. El representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango, también estaría involucrado en el presunto cartel de minería.

A los mencionados se les acusa de presuntamente emitir resoluciones ilegales que beneficiarían a Ultracem en la adjudicación de títulos mineros en Barranquilla, Puerto Colombia, entre otros municipios del departamento del Atlántico.

Las pruebas presentadas podrían demostrar alteraciones en el sistema de concesión de títulos, así como la desaparición de documentos para beneficiar a terceros.

Los abogados pidieron una acción judicial rápida, motivo por el cual le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación intervenir, ante supuestas presiones desde Bogotá por parte de una fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

En una operación realizada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el departamento de Chocó, se llevó a cabo la intervención y destrucción de dos unidades de producción minera clandestinas. Esta fracción estaba operando con maquinaria pesada de alto rendimiento, utilizada para la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con información de las autoridades, las unidades mineras intervenidas empleaban cuatro “dragones brasileros”, cuatro motobombas industriales, ocho motores industriales y cuatro generadores de energía. Este equipo permitía una operación continua y eficiente, que facilitaba la extracción masiva de recursos minerales en la región.

La intervención fue parte de las actividades de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, fracción de la Fuerza Aérea de Colombia, que integra elementos del Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional. Desde el inicio de 2024, esta unidad especial intensificó sus esfuerzos para ubicar y desmantelar operaciones mineras ilegales en el Chocó.

Hasta la fecha, han identificado y destruido un total de 28 unidades productoras mineras similares, acompañadas de 37 dragones y dragas, 141 motores, y procedieron con la incautación de 35 retroexcavadoras, al parecer estos serían operados por el grupo ilegal del Clan del Golfo, pero esta información aún está siendo investigada.

El impacto económico de estas actividades ilícitas es significativo. Según estimaciones preliminares, las dos unidades mineras destruidas en Unión Panamericana y Cértegui generaban aproximadamente 18.000 gramos de oro al mes. Esto se traduce en ingresos mensuales por ventas que podrían alcanzar los 5.599 millones de pesos colombianos.

Al evaluar el valor de la maquinaria y equipos confiscados durante las operaciones, las autoridades estiman un costo total de 46.508 millones de pesos.