Excombatientes de las Farc están bajo amenaza en Caquetá: ONU exige medidas de protección

La ONU solicitó medidas de protección para los excombatientes de las Farc en el Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, ubicado en Caquetá, tras recibir amenazas de las disidencias de las Farc. Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 denunciaron intimidaciones del bloque Jorge Suárez, que actualmente se encuentra en proceso de paz con el Gobierno nacional.

El documento enviado a los excombatientes declaraba al Etcr como “una zona más de conflicto”. Además, las disidencias, al parecer, también señalaron a algunos firmantes de apoyar a la Segunda Marquetalia. Estas amenazas incrementaron el riesgo para la comunidad de Miravalle.

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Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, expresó su preocupación sobre la situación. “Expreso gran preocupación por la situación en el ETCR Miravalle. Hago un llamado a todos los grupos armados a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes. Una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación”, afirmó Ruiz Massieu, a través de X (antes Twitter).

También hizo un llamado al Gobierno a implementar medidas de protección y garantizar la sostenibilidad de la reincorporación de estos excombatientes: “Asimismo, insto al gobierno a proveer medidas de protección y acciones para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación de las y los firmantes de paz”, añadió el delegado.

A las preocupaciones se sumó la denuncia reciente del asesinato de Guzmán Esteban Castro Pérez, firmante del Acuerdo de Paz de 2016. La Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal confirmaron su homicidio tras haber sido reportado como desaparecido en Santander de Quilichao. Según el Partido Comunes, más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo.

“Tragedia en Santander de Quilichao. Lamentamos informar que Guzmán Esteban Castro Pérez, firmante de paz, ha sido encontrado muerto después de ser reportado como desaparecido. La Fiscalía y Medicina Legal confirmaron que fue víctima de homicidio”, señalaron desde el Observatorio de Paz, Pazes. La situación resalta la vulnerabilidad y los retos que enfrentan las personas en proceso de reincorporación a la vida civil en Colombia, a la espera de acciones concretas del gobierno y la comunidad internacional para proteger estos avances hacia la paz.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó su participación en la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebrará el 11 de julio. En esta reunión, Colombia presentará un informe sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Petro ha sido crítico con el progreso del acuerdo de paz, afirmando que el Estado colombiano ha incumplido los compromisos pactados. Según indicó el mandatario, esta situación podría tener serias consecuencias en el ámbito internacional, aumentando la incredibilidad del Gobierno nacional ante la comunidad global.

En una declaración realizada en mayo, el presidente colombiano expresó su intención de notificar personalmente a las Naciones Unidas sobre la falta de cumplimiento del acuerdo de paz. Petro declaró que “el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y no cumplimos lo que firmamos”, alertando sobre un posible incremento de la violencia debido a esta situación. Durante un evento reciente sobre la sustitución de cultivos ilícitos, Petro también dirigió duras críticas a la Procuraduría General de la Nación, acusándola de obstaculizar la implementación del acuerdo de paz.

En su intervención, afirmó que la Procuraduría quiere llevar al gobierno a incumplir los acuerdos, lo que podría resultar en un incremento de la inseguridad, particularmente en regiones como el Cauca. El posicionamiento del mandatario destaca las dificultades y desafíos que enfrenta el proceso de paz en Colombia, así como las tensiones internas entre diferentes organismos del Estado en relación a la implementación de los acuerdos firmados en 2016.