Durante la edición número 26 del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), las empresas de servicios públicos enviaron un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro por la crisis que atraviesa el sector energético.
El gremio solicitó al Gobierno nacional no afectar al sector con la reforma a la Ley 142 de 1994 o Ley de servicios públicos, que se radicará el 20 de julio de 2024 en el inicio del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República.
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El presidente de la asociación encargada de representar a los diferentes prestadores de servicios públicos, Camilo Sánchez, reiteró el llamado al Gobierno nacional a realizar el nombramiento de los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pues es fundamental modernizar la reglamentación de gas natural para garantizar el futuro de la prestación del servicio en el corto y mediano plazo.
A su vez, Sánchez solicitó que se designen a los funcionarios que administrarán la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para trabajar de manera conjunta y ejecutar medidas que beneficien a los usuarios en todo el territorio nacional.
El presidente del gremio también señaló que no temen por la reforma a la Ley 142, que establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional; sin embargo, “es necesario actualizar esa ley para incorporar toda la parte tecnológica”.
En ese sentido, dijo “no vamos a permitir que en el proyecto de ley se incorporen artículos que simplemente traten la coyuntura, creyendo que con una ley se pueden bajar los precios de la energía, o que le hagan daño a un sector que ha venido funcionando de la mejor forma”.
¿Qué sí y qué no incluir en la reforma, según Andesco?
A lo largo de su intervención, el líder del gremio de servicios públicos resaltó los puntos clave que el Gobierno nacional debería omitir en su proyecto de ley, pues en su opinión afectarían significativamente al sector eléctrico. En primera instancia, aseguró que es necesario robustecer el personal técnico para afrontar los problemas estructurales que tiene el país.
Igualmente, fue enfático en señalar que no es viable reducir los precios de la energía vía ley, ya que esta medida afectaría el mercado y pondría en peligro la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.
Por otro lado, Sánchez afirmó que se deben incluir artículos que aclaren quiénes serán los responsables de vigilar a las comunidades energéticas, pues de lo contrario el país se arriesgaría a perder millones de pesos. Además, señaló como vital la ampliación de los incentivos destinados a concluir varios proyectos de energías renovables que actualmente están retrasados.
Asimismo, Sánchez explicó que junto al Gobierno han realizado varios convenios para mejorar la coordinación en la prestación del servicio. “Hemos llegado a acuerdos fundamentales; aquí no se trata solo de lo público, sino también del sector privado y de la competencia pública para lograr un mejor desempeño”, afirmó. En ese sentido, aclaró que se descartó la idea de nacionalizar las empresas, pues no sería viable para el país.
Del mismo modo, propuso la inclusión de infraestructura tecnológica como los medidores inteligentes de energía, una propuesta que fue aprobada por ambas partes. De esta manera, buscan modernizar el servicio, considerando que su última actualización fue hace más de 30 años, según afirmó el líder de Andesco.
Finalmente, aseguró que el proyecto de ley no será presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sino que será responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía. Ante la noticia, Sánchez manifestó su preocupación por los cambios en el gabinete ministerial, ya que “si el ministro se va, como se ha comentado, será casi como empezar de cero”.