Siete militares aceptaron ante la JEP su participación en casos de ‘falsos positivos’ en Norte de Santander

En una audiencia reservada realizada el viernes 21 de junio en Bogotá, siete comparecientes pertenecientes al Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula Santander’ (Bisan) admitieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Estos individuos, que incluyen miembros activos y retirados del Ejército, no habían sido previamente sancionados por la justicia ordinaria en relación con estos hechos.

El relato detallado presentado por los comparecientes se centró en el caso específico del homicidio de Álvaro David Terán, ocurrido el 12 de abril de 2008 en Bucarasica (Norte de Santander). El hombre fue reportado como una baja en combate, una práctica común durante los años más intensos del conflicto armado en Colombia, donde civiles inocentes eran presentados como guerrilleros muertos en enfrentamientos para inflar las estadísticas militares y obtener beneficios operativos y administrativos.

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Durante el conflicto armado interno de Colombia entre 2002 y 2008, los ‘falsos positivos’ fue el término utilizado por la prensa colombiana para describir la práctica en la cual miembros del Ejército Nacional de Colombia asesinaban a civiles no beligerantes y los presentaban falsamente como guerrilleros muertos en combate, y así llegar al fin que se menciona previamente.

Entre los siete militares que aceptaron su responsabilidad se encuentran un subteniente activo, dos sargentos viceprimeros (uno activo y otro en retiro), dos cabos segundos (uno activo y otro en retiro), y dos soldados profesionales retirados. Estos individuos participaron activamente en el encubrimiento y la presentación falsa de civiles como guerrilleros abatidos en combate, una práctica que fue ampliamente condenada por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

“En este espacio dialógico y deliberativo de seguimiento al régimen de condicionalidad, la magistratura encontró que los comparecientes realizaron aportes significativos a la verdad de manera completa, detallada y exhaustiva, lo que permite la contrastación y profundización sobre el nivel de participación en esos hechos”, se lee en el comunicado presentado por la JEP.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP valoró positivamente los aportes de verdad presentados por los comparecientes durante la audiencia reservada. Según la magistratura, los relatos fueron completos, detallados y exhaustivos, proporcionando así una base sólida para la verificación y profundización de los hechos. Estos testimonios serán cruciales en la audiencia pública de seguimiento al régimen de condicionalidad, programada para los días 16 y 17 de julio en Bogotá.

En la audiencia pública, presidida por los magistrados de la Subsala de Conocimiento Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo, se espera resolver la situación jurídica definitiva de los comparecientes como partícipes no determinantes en estos crímenes. Este proceso se encuentra dentro de la “Ruta No Sancionatoria” establecida por la JEP, que busca esclarecer la verdad, garantizar la participación de las víctimas y ofrecer una justicia restaurativa que contribuya a la reconciliación nacional.

La admisión de responsabilidad por parte de estos siete militares llama la atención en el proceso de justicia transicional en Colombia. Aunque no han sido sancionados por la justicia ordinaria hasta ahora, su colaboración con la JEP podría abrir la puerta a medidas de reparación y contribuir al reconocimiento de las víctimas de los ‘falsos positivos’, que durante años han luchado por la verdad y la justicia en medio de un conflicto prolongado y doloroso para el país.

La Fiscalía General de la Nación y otras entidades del Estado seguirán de cerca estos desarrollos, con el fin de asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia y que las garantías de no repetición sean reforzadas en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.