Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios de la DNI por presuntas chuzadas a magistrados de la Corte

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) debido a denuncias sobre la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional. Estas acusaciones incluyen también el perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales, lo que provocó una considerable preocupación dentro de la comunidad judicial y en diversos sectores de la sociedad.

El Ministerio Público manifestó que se procederá a investigar las denuncias presentadas en relación con una posible “persecución” a la que estarían siendo sometidos los miembros de la Corte Constitucional. Los magistrados reportaron seguimientos, perfilamientos y monitoreos constantes, lo que llevó a la Procuraduría a iniciar esta indagación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Según la información difundida, el Ministerio Público examinará si existen autorizaciones judiciales válidas emitidas por órganos de inteligencia oficiales para las actividades en cuestión. Este análisis se realizará con el objetivo de verificar la legalidad de las acciones llevadas a cabo por la DNI.

“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, afirmó la Procuraduría en su comunicado.

La indagación también incluirá la revisión de documentación crucial y la toma de declaraciones a diversas personas que puedan aportar información significativa al caso. La Procuraduría resaltó la importancia de este proceso para mantener la transparencia y la confianza en las instituciones del Estado.

El origen de esta situación se remonta a denuncias recientes en las que varios magistrados de la Corte Constitucional informaron sobre actividades sospechosas que afectaban tanto su vida profesional como personal. Estas actividades, según los togados, implicaban una vigilancia constante, lo que generó una atmósfera de preocupación y desconfianza. Las acusaciones señalan que estas acciones podrían ser parte de una estrategia de intimidación y control ejercida por la DNI sin el debido respaldo legal.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, uno de los principales afectados, destacó que estas prácticas no solo vulneran su privacidad y la de su familia, sino que también representan una amenaza para la independencia judicial. El togado comunicó en una carta enviada a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, acerca de presuntas interceptaciones ilegales.

“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, se lee en la misiva entregada por el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes.

Además, Ibáñez afirmó en la carta que las comunicaciones de sus magistrados auxiliares también fueron interceptadas: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial”.

Frente a esta situación, la fiscal General Luz Adriana Camargo reafirmó su compromiso de investigar a fondo esta controversia. En una reunión reciente con los magistrados de la Corte Constitucional, la cabeza de la institución judicial instruyó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para que realicen las investigaciones pertinentes.

Por su parte, la Procuraduría señaló que, “revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si es su deseo, narre en calidad de quejoso las circunstancias sobre las presuntas irregularidades objeto de la actuación”.