Piden decretar medidas cautelares sobre Batallón de Contrainteligencia del Ejército donde estarían restos de desaparecidos

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que establezca de manera inmediata medidas cautelares sobre las instalaciones de la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional, ubicado en el barrio San Cristóbal de Bogotá.

Esta solicitud surge tras las declaraciones del sargento retirado José Leonairo Dorado Córdoba ante la JEP, que incluyen estremecedores testimonios sobre casos de desaparición forzada, entre ellos el del líder político Pedro Julio Movilla Galarcio.

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Yessika Hoyos, presidenta del Cajar, ha reiterado la urgencia de esta medida: “Consideramos urgente que la JEP ordene la protección sobre las instalaciones del batallón de logística que queda en San Cristóbal, para que no sean desaparecidos los restos de Pedro Julio nuevamente y los de otras personas víctimas de desaparición forzada que podrían estar inhumadas allí.” Esta declaración resalta la necesidad de resguardar posibles sitios de enterramiento clandestino, preservando el derecho de las víctimas y sus familias a encontrar y recuperar a sus seres queridos.

Candelaria Vergara, compañera de Pedro Julio, junto con su hijo José Movilla Vergara, han apelado al país para unirse en apoyo a esta solicitud. “Por favor, estamos suplicando a la JEP que dicte esta medida, porque ahí están los restos de mi compañero, que llevo 31 años y muchos meses buscando y llorando. Mis hijos y yo hemos sufrido mucho,” dijo Candelaria, subrayando el profundo y duradero dolor que ha causado esta búsqueda. José Movilla añadió: “Es una súplica humanitaria; necesitamos descansar de este dolor que ha estado comiéndose nuestras almas durante 31 años.”

Desde la difusión de las declaraciones de Dorado en W Radio, ha quedado en evidencia la utilización indebida de actividades de inteligencia en el contexto de desapariciones forzadas. El Cajar ha pedido la desclasificación de los archivos de la Brigada XX para acceder a la información sobre víctimas de seguimientos y otras actividades ilícitas que han resultado en graves crímenes de Estado. Precisamente, el relato del exsargento sobre la desaparición de Pedro Movilla coincide con investigaciones previas que detallan seguimientos ilegales, secuestro, tortura, asesinato y desaparición por parte de integrantes de la mencionada brigada en 1993.

El colectivo de derechos humanos ha subrayado que las declaraciones de Dorado confirman una política sistemática de persecución y exterminio contra la Unión Patriótica, partidos de izquierda, líderes sociales y defensores de derechos humanos bajo la doctrina del “enemigo interno”. Estas revelaciones refuerzan la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables de estas prácticas.

Matías Vergara, otro miembro destacado del Cajar, insistió: “Esperamos que otros agentes aporten a la verdad para que esto conduzca a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y se avance en el juzgamiento de los máximos responsables, aquellos que dieron la orden para que estos crímenes de Estado ocurrieran”. Las víctimas y sus familias continúan esperando que se tomen acciones concretas para que se haga justicia y se cierre este doloroso capítulo de la historia de Colombia.

El general retirado Iván Ramírez Quintero se encuentra en el centro de la controversia tras la confesión de José Leonairo Dorado Córdoba, exintegrante de la inteligencia militar en la década de los 90, ante la JEP.

Dorado confesó que, durante el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas en 1994, los seguimientos previos a su muerte fueron ordenados por altos mandos del Ejército, entre ellos el general Ramírez Quintero. “Cepeda sabía que lo seguíamos; era una muerte anunciada”, afirmó el exmilitar, señalando que el asesinato fue llevado a cabo por un grupo de sicarios bajo el mando del mayor César Corredor y otros oficiales.

Además de Cepeda, Dorado detalló otros crímenes en los que estaría involucrado Ramírez Quintero, como el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza en 1998. Dicha orden también habría sido dada por el entonces general, tras meses de seguimientos y amenazas directas debido a las denuncias del abogado sobre los crímenes cometidos por la Brigada XX. “Interceptamos sus llamadas y recibía amenazas directas de nuestra unidad”, confesó Dorado.

Pero la vinculación de Ramírez Quintero en crímenes no se detiene allí. Dorado también mencionó que el exmilitar tuvo que ver en la desaparición forzada de Guillermo Marín en 1986, el secuestro y asesinato de Amparo Tordecilla en 1989, y la tortura de José Cuesta Novoa en 1988. Estos actos, según Dorado, eran parte de un esfuerzo sistemático de la inteligencia militar para eliminar a la oposición política. “El general Iván Ramírez Quintero era el autor intelectual de los seguimientos, torturas y asesinatos de líderes de la UP, M-19 y otros partidos de izquierda”, señaló.