Otty Patiño abrió las puertas a nueva legislación para beneficiar a la Segunda Marquetalia: “Las leyes no son inamovibles”

La administración del presidente Gustavo Petro podría evaluar un cambio en la Constitución Política de 1991 para ofrecer seguridad jurídica a los integrantes de la Segunda Marquetalia en el contexto de la nueva negociación de paz, según declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El martes 25 de junio comenzó en Caracas, Venezuela, la primera ronda de diálogos de paz con Iván Márquez, cabecilla principal del grupo terrorista Segunda Marquetalia. Sin embargo, las negociaciones no están exentas de controversias legales y políticas. Diversos sectores argumentan que cualquier trato con esta guerrilla es inviable, porque sus miembros reincidieron en actividades delictivas después del Acuerdo de Paz firmado el 1 de diciembre de 2016. Este acuerdo establece que quienes incumplieran lo pactado perderían todos los beneficios otorgados.

Desde el Gobierno, hay un reconocimiento claro de estos obstáculos legales, pero se busca avanzar en el proceso de paz, revisando simultáneamente los marcos jurídicos necesarios. Patiño no descartó la presentación de una reforma constitucional al Congreso para este fin. “La ley es algo que puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social”, señaló el funcionario.

El comisionado de Paz destacó que uno de los caminos viables es a través del Legislativo, aunque precisó que “la constituyente no está prevista para este asunto”. Agregó que el enfoque será minimalista en cuanto al tema de la justicia, utilizando los recursos legales ya existentes para avanzar en la paz.

Diversos actores políticos y sociales aumentan sus reservas ante estas negociaciones. La Segunda Marquetalia es vista por algunos como un grupo traidor al Acuerdo de Paz, debido a su regreso a la ilegalidad. “Negociar con quienes hayan traicionado el Acuerdo de Paz es inaceptable”, afirmaron varios opositores. La posición de estos sectores se basa en el artículo de la Constitución Política que prohíbe entregar beneficios a quienes no cumplieron con lo pactado.

Sin embargo, la administración Petro se muestra determinada a explorar todas las alternativas legislativas y jurídicas posibles, con el objetivo de consolidar un proceso de paz estable y duradero. La idea de modificaciones legislativas supone abrir un debate profundo en el Congreso y en la sociedad colombiana sobre los límites y posibilidades de la ley en el contexto de paz y reconciliación.

Otty Patiño, además, destacó la necesidad imperativa de que el Estado colombiano cumpla con los acuerdos establecidos en el Acuerdo de Paz y avance en las negociaciones con diferentes grupos criminales: “El presidente Petro ha planteado que el Estado tiene que romper la maldición de un Estado incumplido”. Sin embargo, Patiño no proporcionó detalles adicionales sobre la reforma que posiblemente se presente al Congreso. Aunque si se decide proceder con dicha reforma, debe ser radicada antes del 20 de julio, ya que se requieren ocho debates para modificar la Constitución.

En contraste, el exjefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, criticó el comienzo de estos diálogos de paz. Señaló que negociar con un grupo que abandonó el tránsito a la legalidad no tiene ningún sentido: “En aras de la paz, uno quisiera desearle suerte a la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia. Pero hay obstáculos serios y reparos importantes”.

Patiño, por otra parte, confirmó que no se establecerá un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia y explicó que “lo que se ha planteado es un desescalamiento del conflicto, metodología que cambia totalmente el sentido de la bilateralidad”.

De la Calle también resaltó que hay implicaciones legales cruciales, mencionando que “normas sobre no repetición impiden acuerdos”. Al respecto, agregó: “El mensaje a la sociedad es fatal: el incumplido y mañoso sale adelante”.

A pesar de las críticas, el comisionado de Paz afirmó que la primera ronda de diálogos se llevará a cabo hasta el 29 de junio, cuando las partes darán a conocer los primeros avances de la negociación. En estos momentos, tales negociaciones se centran en asuntos logísticos de la mesa.

De la Calle fue más allá en sus críticas, afirmando que “el supuesto entrampamiento es una base resbaladiza. Aun si fuese jurídicamente discutible, moralmente es inaceptable: el entrampado de todos modos ingresó al delito”. Reiteró que no tiene clara idea de qué más pueden negociar más allá de lo acordado, sugiriendo que hay limitaciones claras en los temas que se pueden discutir con los grupos insurgentes. Asimismo, subrayó que el proceso es de vital importancia, pero debe ser llevado con seriedad y justicia.

Por último, Patiño hizo hincapié en que “la legitimidad y la fuerza del proceso se construye con la sociedad”, reiterando la necesidad de un empeño conjunto para avanzar en estas negociaciones a pesar de la complejidad y el tiempo que pueden tomar los temas jurídicos.