Murió don Rafael, el cuidador de carros que recibió el impacto de la “moto-bomba” de las disidencias en Jamundí

Fueron trece días de intervenciones quirúrgicas, medicamentos, cuidados e incertidumbre los que atravesó Rafael Ángel González Araujo, el hombre que cuidaba vehículos en un sector de Jamundí, Valle del Cauca, y que fue víctima de un atentado terrorista en el que explotó una motocicleta.

El atentado se registró el 12 de junio de 2024. ‘Don Rafael’ había sido dado por muerto, pero fue trasladado a un centro asistencial en el que estuvo las últimas dos semanas. Allí tuvieron que amputarle un brazo que se le infectó como consecuencia de las quemaduras sufridas en la explosión.

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El hombre, de nacionalidad venezolana, llegó hace cinco años a Jamundí y era reconocido por la comunidad a propósito de su trabajo.

Del atentado del 12 de junio en la zona bancaria del municipio vallecaucano, una de las imágenes que más se propagó en redes fue la de la cámara de seguridad que estaba arriba de la moto que explotó. Esa grabación revela cómo la onda expansiva impactó directamente el cuerpo del hombre, que resultó con quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo.

Durante su estadía en Fundación Valle del Lili de Cali, una bacteria se incubó en su brazo derecho, obligando a los médicos a amputarle la articulación.

Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, fue uno de los funcionarios que siguió más de cerca el proceso de recuperación de ‘don Rafael’ y el vocero ante la opinión pública de las novedades sobre su salud. “Hicimos todo lo humanamente posible”, dijo a medios de comunicación una vez enterado del deceso del hombre.

Una de las gestiones que adelantó el funcionario para ayudar a ‘don Rafael’ fue hacer los trámites para que lo reconocieran como víctima del conflicto armado en Colombia.

“Iniciaremos todo lo que administrativamente esté a nuestro alcance para que su hijo sea reconocido como apoyo y se recepcione en la Personería de Cali la declaración del hecho victimizante para la activación de la ruta a través de la Secretaría de Bienestar Social, y poderlos institucionalmente asistir para brindar albergue, apoyo alimentario, kit de aseo, kit de apoyo de arrendamiento como está regulado. Lo anterior, mientras la Unidad de Víctimas reconoce a don Rafael como víctima del conflicto armado para seguidamente iniciar el proceso de reparación o indemnización administrativa que haya lugar”, dijo, en días recientes, a medios.

El explosivo que cobró la vida del ciudadano venezolano y que tiene hospitalizadas a otras personas se suma a otros hechos de violencia, como el atentado del que fue víctima Sigifredo Márquez, papá de Francia Márquez, a quien le dispararon mientras iba en una camioneta de la UNP hacia el municipio de Jamundí. Por ese hecho se instaló en la zona un consejo de seguridad y se ordenó incrementar el pie de fuerza para contrarrestar las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

El 17 de junio se conoció una carta firmada por Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sobre la escalada de violencia que se evidencia en Colombia.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

La ONU solicita al Estado colombiano tener mayor presencia en las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia que tienen allí grupos armados y estructuras ilegales.

De Rivero añadió que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.