Un grupo de la comunidad indígena misak ha invadido tres fincas propiedad de la multinacional Smurfit Kappa en el departamento de Cauca, según informó la compañía en la mañana de este martes 25 de junio.
Estas propiedades, ubicadas en las veredas La Capilla y La Unión, así como en Cajón, han sido ocupadas por los misak desde febrero y ha sido difícil el retiro de las comunidades hasta ahora, según denunciaron recientemente.
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El primer movimiento irregular de los indígenas se dio contra la finca La Capilla, situada en la vereda La Capilla del municipio de Cajibío, que fue invadida en febrero de este año. Según los reportes, un grupo de encapuchados ha perturbado a la comunidad vecina lanzando artefactos explosivos de manera constante.
Asimismo, la finca La Unión, en la vereda La Unión del municipio de Cajón, fue ocupada a partir del 20 de junio de 2024 por aproximadamente 30 personas que han arrancado 35 hectáreas de plantación forestal y han establecido cultivos de plátano y yuca, además de construir estructuras en el terreno.
Otras acciones similares se han registrado en la finca Guaduales, también ubicada en la vereda La Unión de Cajibío, donde desde el 24 de junio de 2024, los invasores han sembrado yuca e incluso han instalado postes para delimitar el terreno del que se apropiaron.
Por su parte, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca ha informado que estas invasiones han resultado en la pérdida de 120 empleos y generaron prejuicios económicos valorados en 14.500 millones de pesos desde 2021 debido a 118 afectaciones perpetradas por comunidades indígenas y campesinas en la región.
En un comunicado, la multinacional Smurfit Kappa ha señalado que los responsables de estas invasiones son miembros de la comunidad indígena Misak. Además, se hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome medidas inmediatas y aplique la Constitución Política para la protección del derecho a la propiedad privada.
“La anarquía de las comunidades continúa sin límites”, destacó el comunicado de la empresa, resaltando la necesidad de judicializar a quienes participen en estas invasiones. En paralelo, en las últimas horas se ha reportado un enfrentamiento en la finca El Chimán, propiedad privada ubicada en el municipio de Caloto, entre comunidades afrodescendientes e indígenas que disputan este predio donde se cultiva caña.
Según el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, los eventos ocurridos en menos de 72 horas han ocasionado destrucción de cultivos, enfrentamientos entre comunidades y desplazamientos masivos, generando un clima de inseguridad en la región.
“La situación es crítica y estamos a merced de estos grupos”, destacó el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca en su comunicado. Asimismo, informaron que las autoridades locales han recibido múltiples denuncias de estos actos intimidatorios, pero la respuesta hasta ahora ha sido insuficiente para garantizar la seguridad en la zona.
Carolina Machado, miembro del consejo, comentó, “Cada invasión es una vulneración recurrente a derechos fundamentales como el trabajo, la movilidad, a la vida, a la prioridad privada, generando terror entre la comunidad”. Además, añadió que estos ataques están creando un ambiente adverso para el desarrollo económico y ahuyentando potenciales inversiones en el departamento.
La organización también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y aplique la Constitución Política con el fin de proteger el derecho a la propiedad privada, tal como está estipulado en el artículo 51.
“Es imperativo que haya judicialización para quienes invaden la propiedad privada”, destacó el Consejo en su comunicado, enfatizando la necesidad de una reacción firme y efectiva por parte de las autoridades.
La situación ha llevado a una escalada en la problemática social del Cauca, que ya enfrentaba retos significativos antes de estas invasiones. Habitantes y organizaciones locales esperan que el Gobierno tome medidas contundentes para restaurar el orden y garantizar la seguridad en la región. “Estamos haciendo un llamado al Gobierno para que ejerza su autoridad y proteja los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos”, concluyó el Consejo.
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