Fiscalía escuchó a magistrados auxiliares por denuncias sobre ‘chuzadas’ en la Rama Judicial

Avanzan las investigaciones sobre las presuntas intercepciones ilegales de las que habría sido víctima el magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

En el Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación interrogó a magistrados auxiliares de Ibáñez, con el fin de recopilar más pruebas que ayuden a determinar el origen y las causas de las supuestas ‘chuzadas’.

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Esta diligencia se suma a la llevada a cabo por el fiscal encargado, Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el cual asumió la investigación, según revelaron fuentes citadas por El Colombiano.

Barreto habría estado a cargo de recibir y examinar el material probatorio relacionado con las interceptaciones y escuchó con detalle la información proporcionada por el magistrado Ibáñez. Dicha ampliación de la denuncia se habría llevado a cabo el lunes 24 de junio y, aunque estaba pactada para las 2:00 p. m., diversos obstáculos retrasaron la recolección de la declaración del magistrado Ibáñez, prolongando el proceso durante varias horas.

Durante la investigación, el fiscal Barreto se comprometió a aclarar los hechos lo más pronto posible, en consonancia con la fiscal Luz Adriana Camargo, quien también mostró su disposición para colaborar en el esclarecimiento del caso. De acuerdo con El Colombiano, Barreto acordó entregar un primer informe con los hallazgos preliminares en las próximas semanas.

Barreto, que asumió su cargo el 4 de abril de 2024, cuenta con una trayectoria de más de 20 años como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y fue fiscal en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Desde que surgieron las acusaciones, algunos magistrados de la Corte Constitucional han expresado su solidaridad y apoyo al magistrado Ibáñez. La preocupación por la seguridad y la privacidad de los magistrados ha generado una respuesta solidaria de sus colegas, quienes han manifestado su inquietud por la gravedad de las acusaciones.

El miércoles 26 de junio, a las 7:15 a. m., se llevará a cabo una reunión entre el director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. La cita será de carácter privado.

Desde el alto tribunal confirmaron que fue Carlos Ramón González el que solicitó la reunión con el magistrado Gerson Chaverra, sin ofrecer más información sobre la agenda del encuentro.

Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales adicionales que esclarezcan los motivos específicos de la reunión. Sin embargo, se conoce que el evento tendría lugar en las instalaciones del Palacio de Justicia y tendría como tema central las presuntas interceptaciones ilegales a magistrados.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia por la presunta interceptación ilegal a magistrados de la Corte Constitucional.

La Sala Disciplinaria investigará las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la Rama Judicial, que también han denunciado perfilamiento a familiares, seguimientos y monitoreos permanentes.

Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará el testimonio del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Cabe recordar que, este último envió una carta dirigida a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo denunciando sobre presuntas interceptaciones ilegales y seguimientos constantes hacia su persona y su familia. En dicha misiva, Ibáñez expresa que sus líneas telefónicas han sido intervenidas por órganos de inteligencia del Estado sin autorización.

En el documento compartido por el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, Ibáñez manifestó: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, refiriéndose de esta forma no solo a sus comunicaciones, sino también a las de sus allegados y magistrados auxiliares.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos”, precisó el magistrado, agregando que estas operaciones se han extendido a su entorno laboral más cercano.