Ex senador del Pacto Histórico habría nombrado a un funcionario en el Congreso para pagar una deuda: ahora lo investiga la Corte Suprema

En la mañana del martes 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia informó que abrió investigación formal contra el excongresista César Augusto Pachón Achury, por los presuntos delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión.

De esta manera, desde la Sala de Instrucción se anunció que se debe al nombramiento de una persona en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista, el cual se habría hecho para pagar una deuda.

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A través de su cuenta de X, la Corte afirmó sobre el caso. “Se investiga el nombramiento de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la cual habría recibido el pago de varios salarios sin cumplir sus obligaciones laborales”.

Es así, que se conoció que este nombramiento habría sido asignado en el despacho del excongresista entre el 25 de septiembre de 2018 y el primero de diciembre de 2019.

Hasta el momento, el excongresista no ha emitido declaraciones respecto a este capítulo judicial en la Corte Suprema. Entre sus más recientemente publicaciones, compartió en sus redes sociales su participación en el Congreso de la República durante la visita del Frente Parlamentario contra el Hambre, en el desarrollo de la elaboración de una ley para promover entornos alimentarios escolares saludables y sostenibles.

En 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de César Augusto Pachón Achury como senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) para el periodo 2022-2026, debido a una infracción de doble militancia. Pachón apoyó a Pedro José Suárez Vacca, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá del partido Colombia Humana, a pesar de que el MAIS tenía su propio candidato en ese departamento.

La sala electoral aclaró que, aunque ambas colectividades eran parte de la coalición «Pacto Histórico», para la Cámara de Representantes por Boyacá se presentó una lista abierta con voto preferente, permitiendo al elector elegir entre seis candidatos de partidos diferentes.

En este contexto, Pachón debía mantener lealtad a su partido, Mais, respetando así la prohibición de doble militancia, especialmente en la modalidad de apoyo a candidatos de otras colectividades.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez por solicitar dinero del salario a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El alto tribunal determinó que Velásquez Ramírez era responsable del delito de concusión continuado, imponiéndole una condena de 10 años y 8 meses de prisión.

La sentencia señala que Velásquez Ramírez constreñía a los funcionarios de la UTL asignados a su despacho a entregar la mitad de su salario a su esposo, Edwin Harvey Chávez Jojoa, mensualmente. Estos hechos fueron denunciados a través de un escrito anónimo. Nohora Mercedes Rojas Benavides, quien trabajó en la UTL de la excongresista, testificó que Chávez Jojoa le solicitó parte de su salario en febrero de 2016, siguiendo órdenes de Velásquez Ramírez.

Según la Fiscalía, Velásquez conocía a Rojas desde 2014 y le ofreció trabajo en el Congreso de la República entre marzo de 2016 y febrero de 2017, encargándola de asesorar en temas de mujeres, niños y jóvenes.

“Me dijo que ella veía pues en mí la persona adecuada por mi experiencia, por mi preparación académica y por mi visión social”, dijo Rojas en su declaración, en la que aseguró que no tenía más remedio que entregar el dinero para mantener su trabajo.

Así, Rojas Benavides se vinculó formalmente a la UTL desde marzo de 2016, cuando Chávez le exigió la suma de $3.200.000.